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Sindicatos critican carga burocrática en reforma laboral

La CTM, la UNT y el CT son algunas organizaciones que se muestran inconformes, pues se establecen nuevos requisitos para éstos.

Las organizaciones sindicales —oficiales e independientes— muestran inconformidad con la reforma laboral que pretende ser el nuevo modelo laboral en el país, y que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), junto con el Congreso de la Unión, busca aprobar antes de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Programada para su votación en el pleno del Senado de la República, la reforma laboral incluye nuevos esquemas que lleven a la desaparición de los contratos colectivos de protección patronal, pero, también suma nuevas reglas para la existencia de los sindicatos en el país.

El dictamen que está a discusión en la sesión de hoy lunes contiene 936 páginas en las que se reforman más de la mitad de los 1010 artículos que contiene la Ley Federal del Trabajo, y trae consigo inconformidad de los sindicatos, entre ellos: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Congreso del Trabajo (CT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

La UNT está en desacuerdo con lo planteado en la reforma referente a las cuotas sindicales, pues es al trabajador al que se le da la posibilidad de decidir si quiere o no que éstas les sean descontadas, en ese sentido, la UNT indica que “en este tema no puede haber voluntarismo en su cobertura por parte de los socios, la regla propuesta es inconstitucional en razón de que contradice lo establecido en el Convenio 87 de la OIT que obliga a los sindicalizados al respeto del estatuto de su organización”.

En tanto, el Sindicato Trabajadores de la UNAM indicó: “Lamentamos que (la reforma) se encuentre sobrecargada de requisitos burocráticos inevitables para su legítimo ejercicio, esto en evidente violación de los convenios 87 y 98 de la OIT, pues más allá de promover los medios que fomenten la asociación sindical para la negociación de las condiciones dignas de trabajo, la difícil aplicación de los procedimientos y el excesivo número de requisitos para interponer demandas o para el ejercicio del derecho de huelga, sólo propiciará el desinterés y la renuncia anticipada de ejercer los derechos colectivos”.

En tanto, la CTM ha apuntado su desacuerdo con la reforma laboral en varios rubros, sobre todo en los que tienen que ver con los estatutos sindicales, pues se piden en la reforma que se incluya la votación, libre secreta y directa, cuando antes cada sindicato establecía los mecanismos para elección, y dichos cambios se tienen que realizar en un periodo de seis meses.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, manifestó su desacuerdo en diversos temas, entre ellos las cuotas sindicales: “Será uno de los primeros que busquemos modificar después, porque la mayoría de las organizaciones sindicales no estamos de acuerdo en este punto.

“Hay un compromiso de no hacer cambios (a la reforma) para asegurar y garantizar los derechos de los trabajadores y lo hemos llamado dar un paso adelante a la democracia sindical, no resuelve todo, y también puede haber puntos de vista diferentes y deja insatisfechos muchos temas, pero es una tarea permanente vigilar”, puntualizó.

¿Cuáles son los puntos en los que los sindicatos están en desacuerdo?

Cuotas sindicales. Los sindicatos opinan que no puede haber voluntarismo en su cobertura de parte de los socios sindicales porque la regla propuesta es inconstitucional en razón de lo que contradice al convenio 87 de la OIT, en materia de libertad sindical que obliga a los sindicalizados al respecto del estatuto de su organización.

Artículo 33. Piden que se mantenga en sus términos porque los centros de conciliación no son autoridades jurisdiccionales y el sistema garantista que prevalece en la ley debe mantenerse.

Cargo de la prueba. Debe preservarse el sistema tutelar de la ley en lo referente a las cargas de la prueba que no puede poner en desventaja los trabajadores en ejercicio de sus derechos procesales.

pmartinez@eleconomista.mx

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