Taxistas vs Uber-Cabify refleja necesidad de una nueva Ley de Movilidad

El conflicto de los taxistas de la Ciudad de México en contra de las plataformas de servicio de transportación Uber y Cabify son el reflejo de una realidad: la nueva Ley de Movilidad, con apenas un año de vida y sin su reglamento, tiene fallas de origen.

La legislación coloca barreras de entrada para el mercado de la transportación pública mediante concesiones; quedó corta al dejar a un lado los nuevos modelos de transportación citadina y resulta inviable para el ingreso de nuevas tecnologías como los vehículos sin conductor que ya comienzan a circular en las calles de California, Estados Unidos.

Esta postura es compartida por los actores involucrados en la polémica sobre la legalidad de Uber y Cabify, así como por los expertos que se reunieron a partir de este miércoles y que continuarán trabajando hasta el jueves en mesas de diálogo convocadas por el Laboratorio para la Ciudad.

La idea es que al término de estas reuniones emerja un consenso para el desarrollo de un mecanismo normativo que concilie a todas las partes en beneficio de la ciudadanía.

Las posturas son encontradas. Por un lado, Uber y Cabify defienden que son servicios de transporte entre privados por lo que no representan una competencia directa para los taxistas; por otro lado, los representantes del sector taxista dicen que son servicios públicos disfrazados de privados.

Paula Sofía Vásquez, abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que bajo el marco legal actual, Uber y Cabify brindan un servicio público que cae en la ilegalidad pues tiene fines de lucro, pero aclara que removerlos bajo este argumento sería perjudicial para la ciudadanía, al someterlos a una legislación fallida.

"Uber y Cabfiy representan una mejoría innegable para el consumidor, definitivamente han representado una mejoría en materia de servicios, costos y percepción de seguridad", dijo la experta.

¿Más regulaciones o nueva Ley?

Tanto expertos como Uber y Cabify ven favorable e incluso han mostrado apertura para el diseño de una regulación que permita la operación legal de los servicios ofrecidos mediante estas plataformas.

Uber, por un lado, es partidaria de la creación de una nueva figura dentro de la Ley que los reconozca como prestadores de servicios de transportación aunque Ana Paula Blanco, directora de Comunicaciones para América Latina de Uber, dice que en el camino se debe solucionar el problema de la sobrerregulación para el gremio de los taxistas.

"Estamos abiertos a una regulación que nos incluya como una opción más de movilidad. Las características específicas se verán en los siguientes días, en las mesas de diálogo", comentó en una entrevista.

Cabify también es pro regulación, e incluso ellos están dispuestos a ser catalogados como prestadores de un servicio público si es que la nueva normativa beneficia a la ciudadanía, la innovación y la competencia.

"Lo más justo sería otorgar un permiso, no una concesión porque las concesiones se pueden prestar a otro tipo de intereses. En este momento somos un servicio entre particulares y si la regulación hace sentido, nos consideraríamos como público si la regulación hace sentido y si va en beneficio de los ciudadanos, no tendríamos ningún problema en hacerlo, pagar y cumplir con todas las obligaciones que se pongan", dijo Ricardo Weder, CEO de Cabify México.

Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), insistió en que existe una urgencia de "una nueva regulación donde haya competencia y control de la corrupción, donde podamos defender usuarios y taxistas de depredadores urbanos".

Pero Paula Sofía Vásquez, abogada e investigadora, sugirió que, más allá de resolver la "urgencia" con soluciones temporales y aisladas, se configure una reforma a gran escala de la Ley de Movilidad que prevea el surgimiento de nuevos actores en, por lo menos, unos cinco años. Y en el camino, se den "prórrogas" para permitir la operación de los servicios prestados mediante Uber y Cabify.

"Sería ideal que se formara una Comisión de especialistas, economistas, abogados, expertos en movilidad y se animaran a reformar la ley de movilidad completa", dijo.

"Así como tenemos irregularidades en el servicio de taxis, los que prestan servicio de transporte colectivo nos van a decir que hay 40 cosas que no funcionan bien y la gente que se queja del tema de ciclistas y peatones. Sería ideal que fueran lo suficientemente vinculantes (las conclusiones de los debates) para que nos demos cuenta que necesitemos reformar sustantivamente", agregó.

La misma Consejería Jurídica sugiere que la creación de esta normatividad que "concilie" los servicios públicos actuales con los nuevos jugadores que surgieron a partir del desarrollo tecnológico.

Entrevistado aparte, Juan Pablo Adame, legislador federal por el PAN y presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la LXII Legislatura, dijo no ser impulsor de una regulación sino la elevación de la calidad de los servicios de los taxistas, impulsando el uso de la tecnología y el trato a los usuarios, para evitar casos de sobrerregulación.

"El político mexicano tradicional está acostumbrado a buscar elementos para regular, y en el momento en que entra la regulación, se empieza a dar un espacio de corrupción y es lo que no queremos", aseguró.

El gremio taxista se opone al desarrollo de una nueva regulación pues, aseguran, las autoridades actuarían en contra de la legalidad. Su posición es el cese de operaciones y retiro de unidades que ofrecen servicio mediante Uber y Cabify.

"Los resultados de las mesas no necesariamente (representarán un consenso entre las partes involucradas). Nosotros traemos un consenso en el caso de los concesionarios que nos oponemos incluso que pretendieran hacer (la regulación) porque nos queda claro que se pueda elevar a un fast track hacia la Asamblea. La propia Ley (de Movilidad) da elementos de concesionamientos y la mejor figura de entrar de forma legal a un piso parejo y leal es el concesionamiento", comentó en entrevista el vocero de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), Daniel Medina.

¿Y el ciudadano?

Los expertos coinciden en que cualquier marco regulatorio que se proponga para solucionar el conflicto debe priorizar al ciudadano, respetando su derecho a la movilidad y libre elección de opciones para transportarse en la ciudad e incluso en zonas aledañas.

Emilio Saldaña, experto en tecnología y vocero del capítulo mexicano de Creative Commons, hizo una fuerte crítica al sector taxista pues, dice, su oposición a la incorporación de nuevos servicios deja entrever que priorizan intereses políticos y de negocio, a los del ciudadano.

"De manera interesante observo que las empresas como Uber, Cabify, Yaxi y el resto de los que están utilizando tecnologías de la información le hablan a los ciudadanos, le hablan a los usuarios; pero todo lo que tiene que ver con taxistas, llevan su conversación con el gobierno. El día que los taxistas decidieron ahorcar la ciudad para volver loco al gobierno, ese día Uber, lo que decidió, fue regalar los servicios. Ese día que no pagué un peso, en lugar de hacer 30 minutos, hice una hora y media gracias a ustedes (los taxistas)", criticó en el foro.

Lo cierto es que las mesas de trabajo que se realizarán durante el miércoles y jueves son sólo el primer paso para reconocer los nuevos sistemas de transportación en la ciudad de México. Las conclusiones a su vez deberán ser consideradas por los distintos actores de gobierno y jugadores en el mercado de transportación y comenzar el camino para repensar en un nuevo concepto de movilidad que, a decir de los expertos, deberán configurar ciudades centradas en las personas y no en los automóviles.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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