IFT ve riesgo de debilidad regulatoria en telecom al segmentarse sus facultades

Tras la aprobación en el Senado de la reforma constitucional que decreta su desaparición y de otros seis órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) manifestó su disposición a colaborar en la definición de la legislación secundaria que especificará cómo se reasignarán sus facultades, pero advirtió que la segmentación de sus funciones podría debilitar las políticas de competencia y regulación en los ámbitos de telecomunicaciones y radiodifusión.

“Segmentar las facultades regulatorias puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión”, dijo el organismo este viernes.

La víspera, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución mexicana en materia de simplificación orgánica, por el cual se determina la extinción de siete organismos autónomos, incluidos el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el dictamen, tras la desaparición del IFT sus funciones de regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión del país pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En tanto, sus facultades de supervisión de la libre competencia y concurrencia sectoriales, así como las de regulación asimétrica de los agentes preponderantes sectoriales (como Telmex-Telcel), se transferirán a la nueva autoridad antimonopolios que remplazará a la Cofece y, ya sin autonomía, quedará adscrita a la Secretaría de Economía.

A través de un comunicado, el IFT reiteró su respeto a la división de poderes, pero no dejó pasar la oportunidad para reiterar que, desde su óptica, el modelo de regulación vigente es más conveniente.

“Un regulador convergente con una visión integral y coherente del funcionamiento de los mercados, ha permitido implementar una regulación efectiva y una transformación profunda de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, dijo.

En el mismo sentido, se expresó sobre la autonomía constitucional regulatoria, que fue cancelada el día de ayer.

“El mejor diseño institucional para la regulación de estos importantes sectores en nuestro país, ha sido la autonomía constitucional que es fruto de conquistas sociales históricas”, añadió.

Colaboración rumbo a leyes secundarias

No obstante, el organismo que preside el comisionado Javier Juárez Mojica manifestó su disposición a “aportar los elementos que sean requeridos para que a través de las leyes secundarias puedan generarse condiciones que sean en beneficio del desarrollo del sector, de los usuarios y audiencias del país”.

Y listó algunas preocupaciones que, desde su perspectiva, deben atenderse al reglamentar la reforma. En primer lugar, dijo que “se requiere un órgano regulador sectorial, que garantice decisiones técnicas e imparciales”.

Esto en el contexto de la existencia de operadores de servicios de telecomunicaciones de participación estatal, lo cual ha generado dudas respecto del cumplimiento de tratados comerciales como el T-MEC, que marcan que las autoridades reguladoras de telecomunicaciones de los países socios deben estar libres de conflictos de interés.

Por otro lado, el IFT también se mostró preocupado por su plantilla laboral e hizo un llamado a que se respeten sus derechos, como lo establece el Décimo transitorio del Decreto.

“Es primordial mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano, es un pilar fundamental de todo órgano regulador”, dijo.

Finalmente, el instituto hizo saber que “se seguirán desahogando todos los procedimientos y trámites en curso, así como aquellos que se presenten hasta en tanto se materialice la extinción conforme a la reforma”.

Cabe recordar que la desaparición del IFT y de la Cofece se hará efectiva hasta 180 días después de la promulgación de la legislación secundaria de la reforma, para la cual los legisladores no plantearon un plazo perentorio.