Piden nuevos criterios de elección para sector obrero

Dado que habrá parlamento abierto en enero para discutir a fondo la reforma al Infonavit, es fundamental redefinir de manera pública y abierta, con criterios claros y transparentes para la selección de las organizaciones sindicales con derecho a tener representantes en la en la Asamblea General del Instituto.

Así lo dio a conocer el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) que coordina Héctor de la Cueva, tras señalar que “ahora que la lógica electoral marca todos los ámbitos, las o los representantes obreros deberían ser electos de manera general y abierta por voto secreto y directo de las y los trabajadores. Así sería congruente y necesario volver a un esquema tripartita”.

Resaltó que por décadas han estado al frente las mismas organizaciones sin que haya transparencia en los procesos de elegibilidad para que formen parte del Consejo de Administración. Actualmente, los puestos que tiene el sector obrero son tres para la Confederación de Trabajadores de México (CTM); uno de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); y uno más para la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB) todos con sus respectivos suplentes.

Para el caso de la CTM, la representación la ocupan: Carlos Aceves del Olmo; Marco Antonio Bazarte Maya; María Claudia Esqueda Llanes; por parte de la CROC, Rafael Oriol Salgado Sandoval; y de FENASIB, José Carlos Torres García.

De ahí que el CILAS, al fijar su postura destacó que “no nos interesa defender la representación corporativa y burocrática del sector de las personas trabajadoras para que sigan ejerciendo una representación ilegítima o servir, como en el pasado y en el presente, en comparsas de las decisiones gubernamentales, contribuyendo en la simulación de la introducción de la democracia en el mundo del trabajo y las relaciones laborales”.

Destacó que era preocupante que el dictamen otorgue facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “…para determinar las organizaciones nacionales de personas trabajadoras y empleadoras que intervendrán en la designación de los integrantes de la Asamblea General…”, con lo que se facilita la repetición del comportamiento del sexenio pasado de “simplemente utilizar las convocatorias del sexenio de Enrique Peña y con lo que se asegura la participación de las mismas centrales sindicales corporativas que integran la Asamblea General en la actualidad”.

Si al gobierno, con sus propuestas, externaron “le interesa combatir la corrupción existente alrededor de la vivienda, debe proceder en consecuencia y no darle la vuelta ni usarla como pretexto para lo que podría ser un uso indebido, y quizá también corrupto, de los recursos que pertenecen a las y los trabajadores. Corresponde a éstos administrarlos de manera exclusiva. Como en cualquier empresa, y con mayor razón en una de carácter social, corresponde también a los dueños de los recursos nombrar al Director General”.