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Decreto sobre jornaleros provocaría cierre de empresas e informalidad: IP
Organismos empresariales en Jalisco advierten que la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo podría desincentivar la inversión en el sector agroindustrial, aumentando el riesgo de cierre de empresas y fomentando la informalidad.
Guadalajara, Jal. Tras afirmar que están a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, organismos empresariales en Jalisco -considerado el líder agroalimentario del país-, advirtieron que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que entró en vigor el pasado jueves podría desincentivar la inversión y provocaría el cierre de empresas en el sector o su migración a la informalidad.
El presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Barbosa, aseguró que la reforma “tiene muchos aspectos sociales positivos”; sin embargo, advirtió que la entrada en vigor de la nueva legislación al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace imposible su aplicación para la mayoría de las empresas.
Barbosa Ascencio comentó a El Economista que la mayoría de las empresas agroindustriales en el país ya cumple con las disposiciones que ahora son obligatorias por ley, tales como promover la alfabetización de los trabajadores y sus familias, apoyarlos en temas médicos, el traslado para ellos y sus familias, eliminar la discriminación y la explotación, entre otras.
No obstante, subrayó, hay aspectos como la instalación de guarderías y la obligación de otorgar alimentos saludables a los trabajadores cuya implementación es prácticamente imposible al día siguiente de su publicación en el DOF.
“El campo agrícola no es una fábrica que esté en una zona industrial de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México o de Querétaro. Hay veces que de un rancho a otro de la misma empresa hay 30 kilómetros de distancia. Entonces, cómo vas a hacer la logística de poner guarderías”, indicó Barbosa.
Riesgo de cierre de empresas
Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros, advirtió el riesgo del cierre de empresas del sector agroindustrial que previamente, dijo, han sido seriamente afectadas por el elevado costo de los fertilizantes, el tipo de cambio desfavorable para las empresas exportadoras, la reducción de apoyos al campo, la inseguridad, escasez de agua e incrementos en costos de mano de obra.
“Van dos aumentos del 20% en mano de obra, ¿qué empresa puede con eso?; se redujeron los márgenes y muchas empresas están sobreviviendo y encima quieren abrogarles todas estas obligaciones, pues la verdad es que muchas de estas empresas no van a poder y van a cerrar", sentenció el dirigente del comercio exterior en el estado.
Tras subrayar que la agroindustria es el tercer mayor exportador de Jalisco, Landeros Volquarts insistió que abrogar a los empresarios obligaciones que corresponden al Estado mexicano “pone en riesgo la viabilidad de las empresas y pone en riesgo lo que más quieren proteger que es a los trabajadores porque pone en riesgo sus fuentes de trabajo”.
De acuerdo con los entrevistados, las reformas laborales que están aprobando los legisladores federales obedecen más a “temas populistas” y no consideran su viabilidad ni el impacto en las fuentes de trabajo.
Beneficios en mano de obra
El presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco (CAJ), Roberto de Alba, avaló la reforma que, dijo, formaliza en la legislación federal los incentivos para los trabajadores agrícolas y destacó que ayudará a resolver la escasez de trabajadores y erradicar el coyotaje en la mano de obra para el campo.
“Ya muchas empresas están haciendo esas prestaciones, sobre todo para abatir la gran rotación de trabajadores que tienen (...) y esto creo que viene a dar certeza, sobre todo al trabajador, de tener prestaciones sociales ya establecidas desde una ley”, puntualizó.
De acuerdo con el presidente del CAJ, la escasez de mano de obra en el campo de Jalisco “es muy grave; debe haber entre 70,000 y 100,000 vacantes en el sector alimenticio al día de hoy y 50% de ese número serían aplicables a jornaleros o trabajadores agrícolas”.