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NL tiene nueva ley de fiscalización
Como un instrumento para castigar la corrupción e impunidad en el manejo de los recursos públicos surge la nueva Ley de Fiscalización aprobada en Nuevo León.
Monterrey, NL. Como un instrumento para castigar la corrupción e impunidad en el manejo de los recursos públicos surge la nueva Ley de Fiscalización aprobada en Nuevo León.
A través de ésta será posible exigir una mayor rendición de cuentas públicas, así como la fiscalización, control y evaluación de la gestión financiera de los entes públicos, con lo cual se pretende lograr mayor transparencia, afirmó el diputado local, César Garza.
En esta nueva ley, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASENL) podrá solicitar acción penal cuando sospeche de alguna falta en el gobierno.
Acto seguido, el Poder Legislativo tendrá hasta 15 días para resolver la petición; en caso de no hacerlo, se aplicará la figura de afirmativa ficta para que el órgano proceda a fiscalizar a los entes públicos.
Asimismo, se establece que cuando los servidores públicos no atiendan los requerimientos del órgano de fiscalización se harán acreedores a multas de hasta 2,000 cuotas, equivalentes a 116,260 pesos.
La ASENL estará facultada para fincar acciones resarcitorias a quienes se les compruebe, después de la investigación, alguna irregularidad.
Estamos iniciando una nueva etapa completamente distinta a lo que se ha visto en la historia de la rendición de cuentas en Nuevo León , afirmó Garza.
El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Héctor Gutiérrez, destacó el hecho de que tras dos años de negociaciones finalmente se haya concretado la nueva legislación.
Como parte de la mayor transparencia que se pretende alcanzar con esta ley se incluye la creación de un Consejo Ciudadano de evaluación de desempeño a las actividades de la Auditoría Superior del Estado.
BAJO LA LUPA PÚBLICA
Con la finalidad de incrementar la rendición de cuentas, las cifras gubernamentales estarán bajo constante escrutinio.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) podrá solicitar acción penal cuando detecte alguna irregularidad; el Congreso tendrá hasta 15 días para resolver la petición.
Las comisiones dictaminadoras tendrán que desahogar los expedientes en un límite de dos periodos ordinarios de sesiones posteriores al informe definitivo que emita la ASE.
Se fortalece la función fiscalizadora de la sociedad civil, por lo que considera la participación de contralorías sociales que harán sus propias aportaciones en las auditorías.
Los informes definitivos de la ASE deberán ser publicados en Internet para que estén a disposición de los ciudadanos una vez que sean remitidos al Congreso.
atorres@eleconomista.com.mx