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PGR asegura inmuebles irregulares en Q. Roo
Se logró corroborar que se vendieron, en promedio, aproximadamente a 6% de su valor comercial durante la administración de Roberto Borge Angulo.
Cancún, QR. La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles que pertenecieron al gobierno de Quintana Roo, pero supuestamente fueron comercializados de manera ilegal a amigos y familiares del ex mandatario Roberto Borge Angulo, además de que podrían considerarse objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación, como parte de la Carpeta de Investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado, en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril del 2011 a igual mes del 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del gobierno de Quintana Roo.
El Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que en su totalidad los inmuebles, en promedio, se vendieron aproximadamente a 6% de su valor comercial , informó la PGR por medio de un comunicado.
Con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los 5,000 millones de pesos.
Con estas acciones, el gobierno de la República, mediante la PGR, reitera su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía.
Denuncias en curso
Las denuncias a las que se refiere la PGR fueron interpuestas el 16 de noviembre del 2016. En esa ocasión, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública de la entidad, Rafael del Pozo Dergal, hizo señalamientos puntuales en contra del gobierno de Roberto Borge Angulo por haber dilapidado patrimonio del estado de Quintana Roo equivalente a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, para beneficiar a familiares cercanos, empleados o allegados de su familia.
A través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, el ex gobernador habría rematado terrenos de propiedad pública a precios muy por debajo de su valor comercial, durante su mandato.
Entre los supuestos beneficiarios se encuentran accionistas de la empresa naviera Barcos Caribe, vinculada a Borge Angulo, de quienes además se solicitó que sean investigados por haber realizado operaciones superiores a los 7 millones de dólares para la compra de tres barcos con los que dicha firma opera el cruce de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel.
Posteriormente, el 18 de noviembre del año pasado, Del Pozo Dergal presentó siete denuncias más por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo.
El monto de los desvíos se calculó en esa ocasión en 2,388.3 millones de pesos, sin considerar las dos denuncias anteriores por la venta irregular de 9,500 hectáreas de reserva territorial del estado de Quintana Roo.
Los nombres mencionados en esa ocasión fueron Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra); Ariel Federico Meeser y Andrés Canul, ambos subsecretarios de la Sintra; Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Eliezer Villanueva, subsecretario técnico hacendario de la Sefiplan, así como Paulina García Achach y Mauricio Rodríguez Marrufo, ambos ex secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda.
En entrevista previa a los aseguramientos, el titular en Quintana Roo de la Gestión Pública adelantó que se preparan al menos siete denuncias por malos manejos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la construcción del Auditorio del Bienestar.
Además, están en proceso las denuncias de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en contra de quien resulte responsable por la desaparición de los 1,080 millones de pesos que la concesionaria de agua potable Aguakán pagó al gobierno del estado por la ampliación del título de concesión hasta el año 2053; también se agrega una denuncia más contra el ex director de la CAPA por haber transferido a la Sefiplan 500 millones de pesos que el congreso del estado autorizó a la Comisión adquirir a través de un crédito bancario, sin que el dinero haya sido empleado en obras de la dependencia.
Se insistirá en recuperación de recursos: Carlos Joaquín
Luego del operativo de aseguramiento de propiedades vinculadas a la venta irregular de patrimonio estatal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobernador Carlos Joaquín dijo que insistirán en que se recuperen los recursos desviados y el patrimonio de los quintanarroenses: seguiremos aportando pruebas y apoyo a la PGR para que se haga justicia en Quintana Roo .
Precisó que la administración actual ha integrado y presentado denuncias ante la Fiscalía del estado, así como a la PGR, para que se haga justicia y combatir la corrupción y la impunidad.
Después de presentar las denuncias, hemos coadyuvado a integrar las averiguaciones previas y hemos apoyado las investigaciones, facilitando el trabajo de la autoridad federal .
Por otra parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que en la labor de la PGR, es necesario que se complemente con las órdenes de aprehensión de los funcionarios involucrados.
Aseguró que existe una prueba directa en contra de la extitular del Instituto del Patrimonio Estatal, Claudia Romanillos, pero también contra quienes ordenaron esas ventas irregulares, entre los cuales se debe incluir, principalmente, a Roberto Borge.