Agua, basura y transporte, desafíos estructurales en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se enfrenta a retos que demandan una atención inmediata y una gestión coordinada como la del agua y drenaje, desechos sólidos y transporte, señalaron académicos durante la jornada de clausura del XXXIII Seminario de Economía Urbana y Regional, en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La falta de una autoridad metropolitana ha llevado a una fragmentación en la toma de decisiones, lo que repercute en la eficiencia de los servicios públicos y en la calidad de vida de sus habitantes.

Actualmente, la ZMVM opera bajo un esquema de 76 estructuras de gobierno, entre municipios, alcaldías, gobiernos estatales y dependencias del gobierno federal “esto hace imposible hablar de un gran programa integral de desarrollo metropolitano”, señaló Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador de El Colegio Mexiquense.

Estas condiciones crean un entorno donde las decisiones se toman de manera aislada, creando asimetrías sociales, territoriales, fiscales y normativas, “y el resultado es que no se tiene un avance en los temas sustantivos” como los previamente mencionados. La diversidad de estructuras gubernamentales que operan en esta región, junto con las disparidades en sus recursos y capacidades, hace indispensable el establecimiento de una autoridad que centralice la gestión y coordinación de políticas públicas, agregó.

“La metrópoli es una unidad socioespacial, así debe entenderse y es así como funciona” a nivel económico, espacial, social y climático, “donde las decisiones sobre la localización de infraestructuras y servicios deben ser consideradas de manera integral”.

Establecer la obligatoriedad

Este concepto de “el todo” debería estar en un entorno legislativo “hemos hablado durante años sobre la lucha por una reforma urbano-metropolitana, que implica transformaciones profundas, no sólo en la legislación, la cual aún no hemos logrado del todo, a pesar de los avances alcanzados con la ley del 2016, el tema metropolitano no se ha reconocido en su totalidad como el gran fenómeno socio-territorial que es para el desarrollo del país”, dijo.

“Es fundamental otorgar un reconocimiento explícito al fenómeno metropolitano desde una perspectiva constitucional”, establecido como la norma fundamental que sirva de base para la creación de leyes, el cual debe incluir procesos de coordinación obligatorios que, a su vez, se asocien a incentivos y desincentivos.

Si un municipio carece de incentivos claros para colaborar con sus vecinos, o si no enfrenta penalizaciones por no hacerlo, la efectividad de la gestión metropolitana se verá comprometida; en áreas críticas como la movilidad, el manejo del agua y la gestión de residuos, es imperativo que la obligatoriedad y los incentivos sean integrados en el marco legal, detalló.

El problema radica en que, en México, el gobierno federal tiende a dictar los planes metropolitanos sin involucrar adecuadamente a los municipios, lo que ha llevado a una falta de compromiso por parte de los gobiernos locales, que muchas veces ignoran estas directrices bajo el argumento de su autonomía. Esto es especialmente evidente en el Valle de México, donde, a pesar de que las relaciones entre autoridades locales puedan ser cordiales, no se ha materializado un acuerdo real que promueva la colaboración metropolitana, explicó.

Además, se debe considerar la reestructuración del Fondo Metropolitano, donde la asignación de estos fondos se base en criterios que verdaderamente reflejen las necesidades metropolitanas y no en decisiones arbitrarias o que sirva “de caja chica” para gobernadores, motivo por el cual desapareció.

Aunque Antonio Azuela de la Cueva, del IIS, no coincidió con la perspectiva de legislar por el peligro de caer en una sobrelegislación, sí señaló que con lo que está establecido en la constitución es suficiente para implementar políticas públicas que cuenten con consecuencias jurídicas.