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¿Cómo fortalecer el estado de derecho desde una perspectiva de inclusión financiera?
En México la inclusión financiera es un tema que ha cobrado fuerza, se incorporó expresamente en la Reforma Financiera del 2014. Al ser parte del Estado de Derecho y estar regulada por ley, debería ser más fácil su instrumentación, pero todavía falta camino por recorrer.
La inclusión financiera entendida como acceso y uso de productos y servicios financieros es importante para el desarrollo económico, la gente con mayor nivel de marginación es la que encuentra más impedimentos para unirse a la formalidad financiera. Los objetivos principales de la reforma fueron: incrementar la competencia; fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito de instituciones financieras privadas; mantener un sistema financiero sólido y hacer más eficaces a las instituciones y el actuar de las autoridades. La Ley de Instituciones de Crédito fijó como prioridad el acceso a los servicios financieros e impulsó a los corresponsales bancarios para tener más puntos de acceso. La Ley de Ahorro y Crédito Popular contempló que las Sociedades Financieras Populares pudieran contar con corresponsales.
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros estableció obligaciones de transparencia y atención y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros contempló programas educativos, así como un Registro de Prestadores de Servicios Financieros para inscribir productos de las entidades financieras, comisiones y tasas, reclamaciones de usuarios, prácticas no sanas, sanciones administrativas y cláusulas abusivas de contratos.
Actualmente, ya se cuenta con un marco legal básico; sin embargo, hace falta en el ámbito administrativo disposiciones que desarrollen las facultades de las autoridades y crear infraestructura de acceso a los servicios financieros; la ampliación de la red de corresponsales bancarios y la conectividad a través de tecnología financiera; diseño de productos y servicios financieros acordes con la realidad; así como una educación financiera más amplia, que promueva y facilite el conocimiento de tópicos financieros para la toma de decisiones informadas.
La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras estableció figuras como:
- Consejo Nacional de Inclusión Financiera, instancia de coordinación, encargada de la planeación, instrumentación, ejecución y seguimiento de una política nacional, consistente en: desarrollo de conocimientos para el uso eficiente del sistema financiero; innovaciones tecnológicas; desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas; mayor acceso a servicios financieros formales para la población excluida; mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección, así como generación de datos y mediciones.
- Comité de Educación Financiera, instancia de coordinación de los programas de educación financiera, encargada de: definir prioridades y lineamientos; preparar la estrategia nacional; planear las actividades de la semana nacional de educación financiera y las metodologías de medición. En el 2018 se expidió la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera para incluir como instituciones a las de financiamiento colectivo y a las de pago electrónico, así como para regular a las personas autorizadas para operar con modelos novedosos.