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Arizona reactiva ataque anti inmigrante
El Senado de Arizona reactivó la ley anti inmigrante, con iniciativas que pretenden coartar derechos y servicios a todo extranjero que no tenga autorización para residir en el país.
Phoenix. El Senado de Arizona reactivó con la embestida anti inmigrante que inicio en 2010, al aprobar en comité en las últimas horas proyectos de ley que podrían afectar en forma significativa a los indocumentados en el estado.
En una sesión de 11 horas, el órgano legislativo dejó como resultado la aprobación en el Comité de Apropiaciones de cinco enérgicas iniciativas que pretenden despojar y coartar derechos y servicios a todo extranjero que carezca de autorización para residir en el país.
Las propuestas de ley fueron aprobadas de manera acelerada ante el vencimiento del plazo fijado en el Senado para que las iniciativas fueran votadas en los comités, de forma que puedan continuar su proceso y pasar a su análisis en el pleno de esa legislatura.
Algunas de las propuestas ya habían sido rechazadas en otros comités, pero el presidente del Senado, el republicano Russell Pearce, maniobró de última hora para reasignarlas al Comité de Apropiaciones conformado por una ligera mayoría de republicanos conservadores.
Nos preocupa lo registrado anoche , dijo Jaime Farrant, coordinador del área de política de la Red de Acción Fronteriza, una organización que vela por los derechos de inmigrantes en Arizona.
Estas iniciativas, explicó, impactarán la calidad de vida no sólo de los inmigrantes indocumentados, sino de toda persona que resida en Arizona .
Farrant ubicó a la iniciativa SB 1611 como la más peligrosa para los indocumentados y para el resto de ciudadanos, pues en caso de ser aprobada, quedarían sujetos a mostrar su pasaporte o prueba de residencia legal para casi cualquier trámite público en Arizona.
La SB 1611 plantea múltiples cambios a los estatutos relativos a la inmigración, entre ellos uno que establece un mecanismo para que las escuelas, colegios y universidades públicas detecten y reporten a las autoridades a todo alumno indocumentado.
La propuesta de Pearce también cerraría todos los planteles educativos públicos de Arizona a la inscripción de estudiantes cuyos padres no demuestren su residencia legal en Estados Unidos.
Los indocumentados estarían también imposibilitados de obtener licencias para impartir educación escolar a sus hijos en sus propias casas (Homeschooling), dado que de hacerlo sus estudios no serían reconocidos ni obtendrían diplomas o certificados.
La iniciativa, especifica el establecer sistemas que impidan a los inmigrantes sin papeles el recibir cualquier beneficio público del estado, como el de ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños pequeños y otros.
Plantea además establecer castigos de 30 días de cárcel a indocumentados que se les detenga conduciendo un automóvil, aparte del decomiso del vehículo.
Busca igualmente impedir a los inmigrantes sin papeles el que puedan ser dueños de un automóvil, al imposibilitar que puedan tramitar su registro y su título.
Farrant apuntó que dicho requisito, impacta a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, al obligarlos a demostrar su estatus legal con pasaportes y documentos para realizar los trámites de sus automóviles.
La iniciativa intenta prohibir también la renta de casas y apartamentos a inmigrantes sin documentos y ordena el decretar castigos para aquellos policías que se nieguen a aplicar las leyes de inmigración del estado y de la federación.
EISS