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El Tribunal de cuentas español sanciona a 34 excargos del procés
El órgano castiga la acción de política exterior realizada por catalanes que supuestamente promocionaron el referéndum.
Spain
Madrid. El Tribunal de Cuentas español reclama a decenas de ex dirigentes regionales catalanes hasta 5.4 millones de euros por la promoción exterior del fallido proceso de independencia que culminó en 2017, informaron el martes fuentes judiciales.
El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar el gasto público, comunicó las cantidades a los abogados de los requeridos horas antes de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibiera por primera vez en Madrid al nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès.
Entre los requeridos están los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont (2016-2017) y Artur Mas (2010-2016).
La auditoría desglosa la supuesta malversación de fondos públicos realizada entre 2011 y 2017 por los gobiernos independentistas de Mas y Puigdemont para promocionar en el exterior el proceso hacia la fallida independencia.
El documento incluye partidas como viajes al extranjero realizados por los presidentes y consejeros, en los que presuntamente se promocionó el separatismo, o las actividades del Diplocat, un consorcio público-privado que ejerce de brazo diplomático del gobierno catalán.
Por la tarde, los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunieron en la Moncloa. Revelaron que reanudarán el diálogo la tercera semana de septiembre para tratar de resolver la mayor crisis política en décadas.
"La tercera semana de septiembre, en Barcelona, se producirá la reanudación de la mesa de negociación para abordar el conflicto político entre los dos gobiernos", anunció el presidente regional catalán, Pere Aragonès, tras reunirse en Madrid con Pedro Sánchez.
"Celebramos haber podido desencallar este espacio de negociación", comentó.
Respuesta del gobierno catalán
Frente al anuncio del Tribunal de Cuentas español, la Generalitat informó que “el TCU opera con base a una presunción de culpabilidad que obliga a las personas acusadas a hacer frente a las fianzas antes de que finalice el procedimiento y se hayan agotado las vías de recurso”.
Si los acusados no pueden hacer frente a la fianza en el plazo de dos semanas, se procedería al embargo de sus bienes y cuentas.
La consejera de Acción Exterior Victoria Alsina aseguró que “es flagrante que el Tribunal de cuentas reclame el dinero cuando no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional limitando la acción exterior de la Generalitat”.
El expresidente catalán Artur Mas denunció el “abuso de poder” del Tribunal, el cual busca “la venganza y la represión, porque ésta (en referencia a la acción exterior) es una competencia en nuestro estatuto que también desarrollan otras comunidades”.