Inspectores fiscales dicen al juez no ver delito de la hija del rey

MADRID- El juez español que investiga a la hija menor del rey Juan Carlos interrogó este sábado a inspectores de Hacienda que confirmaron, según la prensa, no ver indicios de delito fiscal ni blanqueo por parte de la infanta Cristina.

La primera en declarar, en calidad de testigo, fue una inspectora que investigó sus actividades económicas, explicó a la AFP una portavoz del tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye desde julio de 2010 el denominado "caso Nóos".

La portavoz no quiso dar detalles sobre el contenido de la declaración, pero según los medios la inspectora ratificó no haber encontrado indicios de delito por parte de la infanta, de 48 años.

A la misma conclusión llegaron otros dos inspectores de la Agencia Tributaria convocados en calidad de peritos. Por su parte, una responsable del grupo de delincuencia económica de la policía afirmó, según la misma fuente, no ver indicios de blanqueo de capitales.

Abriendo un año sombrío para una monarquía debilitada por los escándalos y los problemas de salud del rey, de 76 años, el 7 de enero el juez Castro había imputado a Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, por "supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales" dentro del caso de presunta corrupción que pesa sobre su marido Iñaki Urdangarin.

Urdangarin, de 46 años, exjugador de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está imputado desde diciembre de 2011 junto a su exsocio Diego Torres de malversar 6,1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.

Cristina es también copropietaria, junto a su esposo, de la empresa Aizoon, sospechosa de haber servido de pantalla.

Las declaraciones del sábado demostraron que "la infanta no intervenía en esa generación de rentas y que era por completo ajena a las mismas", afirmó su abogado defensor, Jesús Silva, a la salida del tribunal.

Los inspectores habían sido convocados por el magistrado a petición del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, contrario a la imputación de Cristina, para que explicasen informes de Hacienda según los cuales la hija del rey no cometió delito fiscal.

Según la ley española, para que exista delito la cuota defraudada debe superar los 120.000 euros (164.000 dólares) anuales.

Durante nueve horas de declaraciones también compareció un experto fiscal de Manos Limpias, la organización ultraderechista española que pidió la imputación de la infanta, para quien ésta fue "cooperadora necesaria" de los presuntos delitos cometidos por su esposo.

Primer miembro directo de la familia real implicado en esta investigación, Cristina está llamada a declarar ante Castro el 8 de febrero. Por petición de sus abogados, su declaración se grabará únicamente en audio y no en vídeo para evitar la filtración de imágenes, según una fuente judicial.

El magistrado interrogó asimismo a los representantes de varias empresas que tuvieron a Urdangarin como asesor, precisó la portavoz.