Las órdenes de arresto de Netanyahu y los líderes de Hamás ponen a prueba los límites de la justicia internacional

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), ha pedido a los jueces de este organismo que dicten órdenes de detención por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Yahya Sinwar (jefe de Hamás en Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (también conocido como Mohammed Deif, comandante del ala militar de Hamás) e Ismail Haniyeh (jefe del buró político de Hamás, con sede en Qatar), por los crímenes cometidos en territorio israelí y palestino al menos desde el 7 de octubre de 2023.

Khan también ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los mismos delitos, cometidos en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre de 2023.

La petición es un paso importante en el esfuerzo por hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales en Israel y Palestina.

¿De qué se les acusa?

Sinwar, Al-Masri y Haniyeh están acusados de participar en los ataques contra civiles israelíes del 7 de octubre, en los que murieron unos 1 200 civiles israelíes y al menos 245 fueron tomados como rehenes.

Además, los dirigentes de Hamás están acusados de otros delitos en el contexto del conflicto en curso en Gaza. Entre ellos se incluyen:

• exterminio
• asesinato
• toma de rehenes
• violación.
• trato cruel y tortura.

En su declaración, Khan señaló:

“He visto las escenas devastadoras de estos ataques y el profundo impacto de los crímenes inconcebibles que se imputan en las solicitudes presentadas. Hablando con los supervivientes, he oído cómo el amor dentro de una familia, los lazos más profundos entre un padre y un hijo, se tradujeron en un dolor insondable mediante una crueldad calculada y una insensibilidad extrema. Estos actos exigen responsabilidades”.

Khan explicó asimismo que su oficina llevó a cabo investigaciones exhaustivas, incluidas visitas sobre el terreno y entrevistas con supervivientes de las víctimas, y se basó en pruebas relativas a las pésimas condiciones en las que se ha mantenido a los rehenes israelíes en Gaza.

Netanyahu y Gallant son presuntos responsables penales de una serie de crímenes internacionales desde que Israel lanzó su acción militar contra Hamás en Gaza el 8 de octubre, entre ellos:

• hambruna de civiles como método de guerra
• causar intencionadamente grandes sufrimientos
• ataques intencionados contra la población civil
• exterminio y/o asesinato
• persecución

El fiscal manifestó que los presuntos delitos:

“… se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina. Estos crímenes, en nuestra evaluación, continúan hasta el día de hoy.”

Señalando el terrible sufrimiento de los civiles en Gaza, que incluye decenas de miles de víctimas y hambre catastrófica, Khan alegó que los medios que Netanyahu y Gallant eligieron para perseguir los objetivos militares de Israel en Gaza (causar intencionadamente la muerte, inanición, grandes sufrimientos y graves daños al cuerpo o a la salud de la población civil) son criminales.

¿Qué significa esto en la práctica?

El siguiente paso en este proceso es que tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidan si hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En caso afirmativo, dictarán órdenes de detención. Los jueces pueden tardar meses en tomar una decisión.

Sin embargo, si se dictan órdenes de detención, es muy poco probable que se ejecuten. Y si no se puede detener a ninguno de los acusados, no se celebrará ningún juicio porque la Corte Penal Internacional no juzga a las personas en rebeldía.

Entonces, ¿por qué es improbable que se detenga a los acusados? Hay varias razones.

En primer lugar, ninguno se entregará para ser procesado. Netanyahu se indignó por la decisión de Khan, calificándola de “ultraje moral de proporciones históricas” y acusándolo de antisemitismo.

Hamás ha emitido una declaración denunciando enérgicamente la emisión de órdenes de detención contra sus dirigentes, alegando que equipara “a la víctima con el verdugo”.

En segundo lugar, es probable que ninguno de los acusados se ponga en situación de ser detenido y entregado a la CPI. Israel no firmó el Estatuto de Roma que estableció la CPI. Su principal aliado, Estados Unidos, tampoco. Esto garantizaría que Netanyahu y Gallant pudieran viajar a Estados Unidos sin temor a ser detenidos.

Por su parte, Haniyeh tiene su base en Qatar, que tampoco es miembro de la CPI. Es posible que tenga que limitar sus viajes a otros países para evitar el riesgo de detención. Se cree que los otros dos dirigentes de Hamás acusados están escondidos en Gaza; parece que corren más riesgo de morir a manos de las fuerzas israelíes que de ser detenidos.

Aunque Palestina es un Estado miembro de la CPI, por lo que técnicamente está obligada a cooperar con el tribunal, en la práctica es difícil que esto ocurra.

En tercer lugar, la CPI depende de sus Estados miembros para hacer cumplir sus acciones. No tiene una fuerza policial independiente ni capacidad para ejecutar órdenes de detención.

La CPI cuenta con 124 estados, mientras que las Naciones Unidas tienen 193 estados miembros. Esta disparidad deja clara la brecha entre lo que la CPI pretende conseguir –a saber, la rendición de cuentas universal por crímenes internacionales– y lo que puede lograr en la práctica cuando carece del apoyo de países implicados o no alineados.

¿Qué significa esto para la CPI?

Es la primera vez que la fiscalía presenta cargos contra un jefe de Estado que cuenta con el apoyo de países occidentales.

La medida provocó la previsible respuesta de Estados Unidos. El presidente Joe Biden la calificó de “indignante” y añadió:

“…no hay equivalencia posible entre Israel y Hamás: siempre apoyaremos a Israel contra las amenazas a su seguridad.”

Pero Khan hizo hincapié en la importancia de la independencia e imparcialidad de la CPI, así como en la igualdad en la aplicación de la ley.

“Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie puede actuar con impunidad.”

La CPI ha confirmado previamente su competencia sobre los crímenes presuntamente cometidos por los cinco líderes. El fiscal confia en que la Sala de Cuestiones Preliminares emita las órdenes de detención, basándose en la naturaleza altamente visible de los presuntos crímenes y en el volumen de pruebas disponibles para demostrar que existen motivos razonables para el procesamiento.

La solicitud de órdenes de detención complica sin duda las relaciones entre Israel y sus aliados miembros de la CPI. En un contexto tan cargado políticamente, es justo describir este esfuerzo como una prueba del compromiso de la comunidad internacional con el objetivo de acabar con la impunidad de los crímenes internacionales.

Amy Maguire, Associate Professor in Human Rights and International Law, University of Newcastle

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.