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Justicia guatemalteca recibe humillación del Congreso
La selección de 13 jueces de la Corte Suprema no se apegó a estándares internacionales, señala WOLA.
El presidente Bernardo Arévalo acompañó a los 13 nuevos jueces de la Corte Suprema en su toma de funciones el domingo.
Ciudad de Guatemala. Guatemala fracasó en el proceso de elegir a jueces idóneos, afirmó la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, integrante de un panel de expertos internacionales que monitoreó la selección de los nuevos magistrados.
Los nuevos 13 jueces de la Corte Suprema y 156 de salas de apelaciones para el periodo 2024-2029 asumieron sus cargos el domingo en medio de dudas sobre su probidad, tras ser escogidos por el Congreso de una lista de candidatos confeccionada por una comisión de académicos, jueces y abogados.
"El proceso sigue atado a intereses sectoriales" y "a actores que han dañado la democracia y violado los derechos humanos", declaró Delgadillo en una entrevista, al lamentar que fueron elegidos jueces que han perseguido a fiscales, activistas y periodistas que luchaban contra la corrupción.
La abogada mexicana monitoreó este proceso de renovación judicial como integrante de un panel internacional creado por varias oenegés, entre ellas la estadounidense WOLA. Los otros miembros son la excanciller chilena Antonia Urrejola y el exjuez salvadoreño Sidney Blanco.
Delgadillo tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y forma parte de un grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas.
Sin estándares internacionales
La especialista consideró que “el Congreso y las comisiones de postulación fallaron en su encomienda de elegir a las y los mejores. El Panel [...] desde el primer momento señaló que si la actuación de las comisiones [postuladoras] se apegaba a los estándares internacionales, podrían tener buenos resultados, pero esto no sucedió”.
“La ausencia de estándares internacionales, tanto en el trabajo de las comisiones de postulación como en el Congreso, no garantizan la independencia de las juezas y jueces. El proceso sigue atado a intereses sectoriales, gremiales, ya vínculos con actores que han dañado la democracia y han violado los DDHH en Guatemala”.