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100% ineficiencia
Lo que ha sucedido desde hace alrededor de dos semanas en la mina de Sabinas, Coahuila, deja un gran dolor a su paso y a muchos un sentimiento inaguantable de impotencia. Solo de imaginar el suplicio que vivieron los diez mineros mientras hacían su trabajo y el sufrimiento y angustia de los amigos y familiares de ellos en estos largos días de espera, se me hace un nudo en la garganta. La actuación en este trágico accidente de la mal llamada Coordinadora de Protección Civil de la actual administración, Laura Velázquez, me resulta no sólo irresponsable sino intolerable.
¿Es admisible que cuando las probabilidades de sobrevivencia de los mineros siniestrados son ya casi inexistentes, sea cuando al fin piensen en escuchar la opinión de expertos de otros países o incluso contratarlos? ¿Es correcto que hasta el momento en el que escribo este texto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no haya acudido a supervisar las condiciones de la mina aduciendo que ella no es ingeniera? ¿Resulta acertado que una tarea de rescate tan especializada haya sido entregada a los soldados de la Guardia Nacional sin evaluar si contaban con la experiencia profesional necesaria para resolver este delicado problema? ¿Es lógico que quince días después del derrumbe aún no se sepa a ciencia cierta quien es el propietario de esta explotación carbonífera? ¿Y…donde están las certificaciones de los supuestos inspectores de la Secretaría del Trabajo que debían de haber verificado la seguridad laboral de esta mina? Lamentablemente preguntas sin respuesta, opacidad total y cero rendición de cuentas.
Lo que estamos viendo es la ineficiencia como parte consustancial de la corrupción. Un trabajo desperdiciado, poco profesional, sin resultados, como en este caso, está costando desgraciadamente (y lo más importante) muchas vidas, pero también una gran cantidad de dinero (nunca sabremos cuánto) tirado a la basura para no solucionar un problema de vida o muerte. Lo peor es que a costa de estas probables muertes muchos se han enriquecido.
La corrupción en contubernio con la irresponsabilidad, de eso estamos hablado. Por razones que puedo imaginar, la actual CFE se decidió por comprar a empresas carboníferas pequeñas, que comenzaron a aparecer y proliferar bajo el cobijo de personajes destacados del gobierno en funciones. Los que se llenan la boca para decir que apoyan a los trabajadores y por encima de todo primero a los pobres, no tienen la menor objeción en comprar carbón en los llamados pozos artesanales que más bien deberían llamarse pozos de la muerte, como lo estamos viendo. En estos socavones se explota a los mineros, que ponen en riesgo su vida para ganar apenas un modesto salario. Hablemos claro, estas trampas carboníferas son fomentadas por ese ejemplo de empresa que es la CFE, que tanto ha defendido el poder ejecutivo.
Es tal el apoyo que ha recibido esta empresa publica, supuestamente de carácter social y su director Manuel Bartlett, que se ha puesto en riesgo el mismísimo T-MEC con tal de consolidar el monopolio eléctrico que tanto complace al gobierno de nuestro país.
Un dato final: desde hace más de nueve años el Senado de la República ha guardado en la congeladora una serie de reformas relacionadas con la prohibición de pocitos mineros artesanales y de los llamados “tiros verticales” para la extracción de carbón. ¿Por qué? Por su insalubridad y alta peligrosidad para la vida de los de los mineros. ¿Y entonces?
Ineficiencia al 100% a todo lo que da.