¿Adiós a los casineros?

Al inicio de la actual administración, los centros de apuestas y salas de sorteos generaban 1,319 millones de pesos a la Federación, por concepto de aprovechamientos. El padrón oficial registraba 50 permisos y 36 empresas. El boom de autorizaciones iniciado a finales del sexenio foxista y sostenido hasta la tragedia del Casino Royale en Monterrey, a mediados del calderonismo, sufrió un frenón en el 2014.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto designó directamente a Marcela González Salas-Petriccoli como titular de Juegos y Sorteos para cumplir con un compromiso con la jerarquía católica formulado durante la campaña: implementar una política de tolerancia cero para table dance y casinos.

La Cuarta Transformación, en concordancia con su política de combate a la corrupción, reforzaría la regulación de esta área económica aunque la pandemia obligó al cierre de establecimientos. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargó los asuntos de esa área al entonces subsecretario, Ricardo Peralta, quien nombró al abogado Luis Calvo al frente de la DGJS. A partir de entonces comenzó un desfile de funcionarios en el cargo que incluyó a Alma Itzel de Lira Castillo y Manuel Marcué Díaz, responsable del área mientras Adán Augusto López Hernández fungió como titular de Segob.

Hace cuatro meses, la secretaria Luisa María Alcalde designó a Leonardo Manuel Figueroa Martínez como responsable de esa instancia regulatoria. Ambos concretaron uno de los pendientes de esta administración: una modificación al Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que proscribe las máquinas tragamonedas y reclasifica los sorteos en México, por lo que los juego con naipes o equiparables en todas sus modalidades, ya sean dados, ruleta y máquinas tragamonedas quedan prohibidos.

Los permisos para la explotación de máquinas tragamonedas concedidos antes de la entrada en vigor del Decreto seguirán siendo válidos. Sin embargo, la vigencia máxima de dichos permisos se reducirá a un plazo improrrogable de quince años, contados a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, hace dos semanas.

Los cambios más drásticos, empero, radican en la duración de los permisos para operar una sala de juegos: el plazo mínimo será de un año y el máximo, de 15 años. Grupo Océano Haman y Operadora de Apuestas Calientes, de la familia Hank Rhon, tienen permisos de vigencia ilimitada, lo mismo que Impulsora Géminis, Espectáculos Deportivos Frontón México, Comercial de Juegos de la Frontera y Espectáculos Deportivos de Cancún.

Hipódromo Agua Caliente tiene permiso por 75 años; Divetimex, Operadora Cantabria, Operadora de Coincidencias Numéricas y Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, por 40 años, y Operadora de Espectáculos Deportivos, por 37. El Decreto especifica que los permisos actualmente en operación seguirán siendo válidos durante su vigencia actual, considerando el nuevo plazo máximo de quince años, y sin ninguna prórroga. En lo sucesivo, los permisos sólo se concederán para un establecimiento (o evento) en concreto, y que cualquier cambio de ubicación requerirá la solicitud de un nuevo permiso.

Adiós a los operadores.  A partir de ahora, los permisionarios son los únicos que pueden operar un establecimiento y explotar el permiso correspondiente. En este sentido, los Artículos Transitorios del Decreto establecen que los derechos de los operadores sobre los establecimientos que se encuentren en funcionamiento subsistirán hasta la vigencia de su correspondiente autorización (sin incluir sus prórrogas).