Adjudicaciones directas, sí son iguales

Todavía está por verse cuál es el fondo verdadero de la obcecada intención del gobierno lopezobradorista por extinguir 109 fideicomisos, pero en la discusión pública han destacado los señalamientos presidenciales de presunta corrupción mientras que quienes los defienden, aseguran que la figura del fideicomiso ha evitado precisamente que se cometan actos de corrupción con los recursos que ejercen.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, en la que se dió a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, defendió la iniciativa para extinguir los fideicomisos y respondió a alguna de las preguntas, que los fideicomisos al estar bajo la consideración de un comité pueden ser objeto de mayor discrecionalidad.

Más allá de quién tiene la razón, lo que parece evidente es que el actual gobierno se caracteriza por concentrar y distribuir todos los recursos posibles en aras de la supuesta transparencia y entrega directa. Y lo que es un hecho inobjetable  es que en la prisa por cumplir sus compromisos y proyectos este gobierno ha hecho uso y abuso de las adjudicaciones directas.

Hay muchos ejemplos, pero el que mayor número de casos presenta es el de la compra de medicamentos, que ha sido señalado por la mayoría de las organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Mexicana de Laboratorios (Amelaf), que dirige Juan de Villafranca y el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica que dirige Enrique Martínez.

Por otra parte, una frase que repite constantemente el Presidente de la República, es cuando afirma “no somos iguales”, para enfatizar que su gobierno no es igual a los anteriores.

Por eso vale la pena revisar el hallazgo cuantitativo que hizo el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que dirige Manuel Molano.

Revela que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto y el primero de Andrés Manuel López Obrador la competencia en las compras públicas, se redujo al máximo, por no decir que prácticamente se ausentó.

Esto significa que aumentaron el número de las adjudicaciones directas, en las que se entregó directamente el contrato a empresas específicas, sobre el número de las licitaciones públicas en las que compiten varios participantes.

Esto lo que implica es que hubo un margen mucho mayor de discrecionalidad para la contratación con recursos del gobierno federal.  Sin que esto quiera decir que las licitaciones públicas están libres de actos de corrupción.

En el último año de gobierno de Peña Nieto y en el primero de Lópoez Obrador, las adjudicaciones directas fueron mayores al 80% sobre el total de los procesos de compra gubernamentales.

Eso es lo que señala el análisis del IMCO con el que revisó más de 350,000 procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública durante 2018 y 2019.

En el año 2018, el último año de gobierno del priísta Peña Nieto, se realizaron 169,187 contratos por un valor total der 364,037 millones 219,485 pesos.

Y en el año 2019, el primer año de gobierno del morenista, López Obrador, se concretaron 184,702 contratos por un valor de 323,340 millones 812,564 pesos.

En ese mismo año, el 2019, prácticamente uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Otro dato que llama la atención es que las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41% de los recursos, mientras que en el sexenio anterior ese porcentaje no rebasaba el 22 por ciento.

Cambio de gobierno, cambio de empresas favorecidas.

Destaca que 66 de las 100 empresas que más recursos concentraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejaron de ganar contratos con la llegada a la presidencia de López Obrador.

Éstas concentraron el 24% de los recursos en 2018, mientras que en el 2019 ese porcentaje bajó a sólo 2 por ciento.

En ambos gobiernos, en el último y primer año de sus gestiones, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80 por ciento. O sea que el gobierno previo y éste son muy parecidos en materia de compras directas.