Aguacate

Producto mexicano que con justicia es llamado “oro verde”, y que en este 2022 tenía proyectada una exportación a los Estados Unidos de cerca de 140,000 toneladas. Sin embargo, esa virtuosa ruta comercial de enorme provecho económico, lamentablemente se ha empantanado por la mano del crimen organizado y quizá, por intereses extranjeros.

Es un hecho que, ante la gran derrama económica que deja la comercialización de este producto, la atención de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, ha sido permanente al grado de llevar a cabo cobros de piso a los involucrados en el proceso productivo. Recientemente, el evento que detonó la resolución del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de los Estados Unidos, concerniente a la suspensión temporal de importaciones de aguacate michoacano, es una muestra del riesgo permanente ante un despliegue impune de los grupos criminales. Sin embargo, llama poderosamente la atención que, un evento que debiese estar en el cauce de una investigación ministerial y policial, haya tenido como consecuencia una sanción de tipo económico. Al provenir el mandato de una autoridad cuya naturaleza es la supervisión fitosanitaria, se fortalece el argumento de que la medida puede tener intenciones más profundas que la protección de inspectores agrícolas.

No es breve el antecedente en este sentido. Bastaría recordar las amenazas que hace meses lanzara el entonces presidente Donald Trump a efecto de generar esquemas de progresividad en impuestos sobre exportaciones mexicanas. Lo anterior, encontraba una motivación en la crisis migratoria más que basarse en situaciones meramente comerciales. El escenario actual, por igual puede encontrar un listado de motivos por los cuales los Estados Unidos implementaran esta restricción que viene a dañar profundamente nuestra economía.

Tenemos sin duda un disenso rancio que, a pesar de las muestras de diplomacia, es un tema que trastoca la relación bilateral con rasguños sangrantes. La posible reforma constitucional en materia eléctrica tiene los ánimos crispados entre un gran número de congresistas norteamericanos, quienes cuentan con una enorme influencia en los actos resolutivos que pudiera tomar ese gobierno. Si esta es una medida de presión, seguramente seguirán algunas otras sobre productos estratégicos.

Pero lejos de las estrategias estadounidenses para la conservación de sus intereses está la dura realidad a la que se enfrenta el campo michoacano. Reales esquemas de extorsión pesan sobre los productores directos los cuales van, en el mejor de los casos, entre 50 y 100 mil pesos. Además, el transporte de productos como el aguacate y el limón, adicionalmente encuentra aduanas donde el crimen organizado reincide en extorsiones y requerimiento de cuotas.

En ese escenario, no es posible dejar a un lado esta impropia, pero dura advertencia de los Estados Unidos para enderezar el camino. Si no hay un rescate del agro de las garras criminales, difícilmente podrá ser viable ese ya tan castigado sector.

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