¿Auditores al gusto?

Han pasado seis meses de la advertencia formulada por la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, respecto de las denuncias por presunto nepotismo en el órgano autónomo. Faltaban dos semanas para la elección del nuevo presidente comisionado y en curso hay dos auditorías: la 196, de desempeño, y la 197 (forense), de cumplimiento.

La funcionaria zacatecana aspiraba a ocupar la silla que dejaría Blanca Lilia Ibarra y entre sus banderas, la transparencia proactiva. “Si es que existen casos así, hago un llamado respetuoso para que se publique una lista de las personas que tienen un vínculo familiar en el Instituto”, urgió a sus colegas del Pleno, “si nosotros no limpiamos la casa ya, nos arriesgamos a que los vientos electorales la derrumben”.

A pesar de las evidencias, ni la contraloría interna ni la Auditoría Superior de la Federación se pronunciaron sobre esos y otros supuestos favoritismos. ¿Y el tráfico de influencias? El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, recibió un voluminoso expediente —recopilado por Del Río— y ordenó una nueva auditoría al Inai, dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2023.

Ese emplazamiento —auditoría de cumplimiento forense 266, gestión financiera— quedó formalizado con el oficio 0095, del 26 de enero del 2024, suscrito por la auditora especial de cumplimiento financiero, Claudia María Bazúa Witte.

Cinco días después, los mandos medios y superiores del Inai recibieron la orden de entregar información sobre las erogaciones del ejercicio fiscal 2023 para cubrir las partidas 2000 (materiales y suministros), 3000 (servicios generales), 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) y 5000 (bienes muebles e intangibles). El nuevo titular del Inai, Adrián Alcalá Méndez, concedió una semana para la entrega de los reportes que fueron remitidos a la ASF.

Esa revisión sobre los capítulos de gasto del Inai, empero, no fueron incluidos en el primer corte del Informe de la Fiscalización Superior, entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF, el último viernes del junio.

Hace tres semanas, Colmenares Páramo y su equipo recibieron al director general del IMSS, Zoé Robledo y a su coordinador de asesores, Humberto Pedrero, para la última revisión de dos auditorías en curso: la 189, a la construcción de un nuevo hospital general de zona en Navojoa, y la 194 (forense) al servicio médico integral de laboratorio clínico y anestesia.

Atender los requerimientos de la ASF ha sido un suplicio para el equipo de Robledo Aburto. Al corte generado el pasado 20 de febrero, había 80 observaciones de las revisiones a la Cuenta Pública entre el 2019 y el 2022 sin ser solventadas a plenitud, que implican más de 2,225 millones de pesos sin justificar.

La auditoría 1395-DS de la cuenta pública del 2019 no ha sido solventada y 1,342 millones de pesos siguen pendientes. Esa revisión corresponde al arranque del programa IMSS-Bienestar, que ahora es el basamento del sistema público de los servicios sanitarios.

Bajo la clave U0132019, el IMSS reportó 1,342 millones de pesos como ejercidos, pero la ASF detectó falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones en los siguientes rubros: medicinas, 264,9 millones, y vacunas, 527.3 millones. La partida más grande, empero, correspondió a las compras de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  : 963.6 millones.

Los recursos fueron transferidos a una cuenta bancaria concentradora del IMSS en la Tesorería de la Federación. Sin embargo, al no establecer una cuenta bancaria única y específica para la administración y control de los recursos del programa U013 2019, los auditores determinaron que no se cuenta con información que permita acreditar cuándo se efectuaron los pagos y que éstos correspondan a erogaciones del programa, es decir, que en el origen fue imposible distinguir la fuente de financiamiento del programa IMSS Bienestar. El problema subsiste...