Complicación asegurada

La tensión entre usuario e institución ha sido un camino reiterado para quienes hemos buscado hacer efectiva la cobertura de protección por algún seguro contratado. Esta aseveración no es una declaratoria aventurada, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ha documentado la gravedad del asunto; así, un 22% del total de las reclamaciones del pasado año, la componen aquellas que tienen que ver con el incumplimiento de las instituciones de seguros en nuestro país. A su vez, aun cuando de ese gran total los asuntos más recurrentes en el reclamo son la negativa en los pagos de indemnización y las solicitudes de cancelación del contrato, existe un margen importante para saber que, cuando se trata de cumplir con las pólizas contratadas por daños, es sumamente inusual que se llegue a un arreglo satisfactorio el cual solo ronda en un 11% de todos los casos reclamados.

Pero más allá de lo que implica el cumplimiento y la calidad de servicio de este tipo de instituciones; se antoja sumamente difícil poder fraguar una relación coordinada, productiva y hasta cordial entre el gobierno federal y las aseguradoras, con tal de sacar delante de forma efectiva a un Acapulco devastado. Ahí habrá que tener en cuenta el antecedente de la confrontación del Servicio de Administración Tributaria con el gremio asegurador; el entuerto versa sobre un criterio del SAT sobre un cálculo indebido del Impuesto al Valor Agregado por parte de las instituciones de seguros. A decir de la autoridad fiscal, ante tal supuesta omisión, las aseguradoras están obligadas al pago de 170,000 millones de pesos lo cual, en un primer cálculo, llevaría a la quiebra al 45% de la totalidad de instituciones de seguros que operan en México. Esto no es cuestión menor, sobre todo cuando se ha puesto enfrente un escenario catastrófico que requerirá del sacrificio de todos.

Tan solo por mencionar un antecedente; el huracán Wilma que azotó el caribe mexicano en 2005, dejó una pérdida consolidada para las instituciones de seguros por un monto poco mayor a los 2,700 millones de dólares conforme a una estimación de la Asociación Mexicana de Seguros. En este terrible evento causado por el huracán Otis, no ha habido siquiera posibilidad de empezar a cuantificar los daños, y las aseguradoras especializadas en propiedad y accidentes se muestran cautelosas en un escenario inusitado en el país. Habrá que decirlo, Guerrero a pesar de ser uno de los 17 estados costeros que mayores riesgos presentan por eventualidades meteorológicas, el grado de aseguramiento es bajísimo entre particulares. Se estima que solo un 14% del universo susceptible de asegurarse se encuentra debidamente protegido por alguna póliza. Lo cierto es que la situación se agrava y mucho tendrá que acordar y aliviar el gobierno federal ante quienes pueden ser fundamentales para la reconstrucción. ¿Las navajas seguirán blandidas por el SAT? ¿O ya le vamos bajando unas rayitas?

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