Del sistema de beneficios definidos al de cuentas individualizadas

En el sistema de beneficio definido, que imperó desde 1973 y hasta 1997, los trabajadores en activo hacían contribuciones que se dedicaron a financiar las pensiones de los retirados, y el monto de la jubilación se predefinía, desde el inicio de la vida laboral, en un cierto porcentaje del salario. Es decir, era un sistema en el que los trabajadores de hoy pagaban el retiro de los trabajadores.

Sin embargo, este tipo de sistemas no es sostenible en sociedades maduras, como ahora es la mexicana, en las que la pirámide poblacional comienza a invertirse y el número de adultos mayores se incrementa vis a vis el número de personas jóvenes. Es decir, los trabajadores de hoy no serían suficientes para pagar el retiro de los numerosos trabajadores.

 En 1970, eran 18 trabajadores activos por cada jubilado; para el 2050 se tendrán cuatro trabajadores activos para un jubilado.

Además, los sistemas de beneficio definido pueden ser víctimas de tentaciones políticas de corto plazo. Los gobiernos tienen una bolsa de recursos disponibles que puede usarse, como gasto corriente, frente a situaciones adversas. Existen multiplicidad de ejemplos en el mundo en el que el dinero de las pensiones de los trabajadores se destinó a otros fines, teniendo consecuencias funestas para las finanzas públicas y para la economía en general.

En 1997 el sistema se modificó por uno de cuentas individualizadas administradas por las afores, en el que cada trabajador realiza aportaciones y es dueño de su propia cuenta, cuyo monto definirá el alcance de su pensión.

Si bien la conceptualización de este sistema de cuentas individualizadas fue correcta y respondió a una realidad indiscutible del país, es fundamental que se ajuste cuanto antes. Existen dos temas esenciales en los que se debe intervenir de inmediato.

Por un lado, las aportaciones obligatorias que hoy dedican los trabajadores no son una base de ahorro suficiente para tener una pensión que les permita tener una jubilación independiente. La ley obligó a ahorrar muy poco dinero y eso necesita ajustarse, ya que el porcentaje de salario con el que el promedio de los trabajadores se retirará, sólo llega a 30 por ciento.

Por otro lado, los requisitos de cotización para poder tener derecho a una pensión, expresados en un número determinado de semanas (1,250 para ser precisos), no consideraron que el mercado laboral mexicano es predominantemente informal o transita entre la formalidad y la informalidad, lo que implica que muy pocos trabajadores puedan acumular 24 años de vida laboral formal y, por tanto, derecho a una pensión.