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Delito fiscal: ¿delincuencia organizada?
Foto EE: Hugo Salazar
Se discute una iniciativa de ley que busca equiparar al delito fiscal como delincuencia organizada.
De aprobarse en el Poder Legislativo, el delito fiscal pasaría de ser un delito no grave a ser un crimen contra la estabilidad económica y financiera del Estado.
Por tanto, se castigará con cárcel y prevé incluso la prisión preventiva oficiosa.
Dicho así, suena severamente amenazante. Incluso se observa peligrosamente atentatorio de las garantías individuales.
Y hasta parece un esquema que en el extremo puede ser utilizado contra los “adversarios” del nuevo régimen.
Los más críticos dicen que es el principio de un “Estado totalitario” o “inquisidor”.
La Iniciativa Privada, desde el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, presididas por Carlos Salazar y Gustavo de Hoyos, ha expresado sus propias preocupaciones y ha propuesto modificaciones a la ley, para evitar castigo a personas inocentes.
Sin embargo, tales cúpulas empresariales están de acuerdo en que el gobierno combata la evasión fiscal y que se castigue a quienes violan la ley.
Factureras, el foco
Además del legislador proponente, quienes promueven la iniciativa aseguran que lo que se busca es enfrentar a las empresas que se dedican a vender facturas, popularmente conocidas como “factureras”.
La idea es devolverle al delito fiscal el carácter de delito grave, como ocurría en el 2016.
Y con ello emparejar el terreno para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza a quienes han hecho de la evasión fiscal un “negocio negro” muy lucrativo.
De ninguna manera —aseveran— atentaría contra las garantías individuales porque hay filtros. Se busca enfrentar a los “delincuentes de cuello blanco” y preservar las garantías individuales de los contribuyentes.
Es un equilibrio muy delicado que se está buscando realizar para abatir la “oleada de criminales fiscales”
Con las modificaciones a la ley la autoridad tendrá que demostrar que hay una maquinación y una actividad empresarial, para engañar y evadir al fisco.
El monto para personas físicas y morales es de 8 millones de pesos. De ninguna forma, las empresas o personas que cometan errores u omisiones, ¡podrían ser castigados por delincuencia organizada! Y mucho menos podría ser utilizada para desmantelar enemigos políticos.
Se tienen identificados cuatro esquemas con los que operan estas empresas factureras: 1.- Desvío de recursos públicos y su canalización al lavado de dinero; 2.- Beneficio fiscal, donde supuestos fiscalistas ofrecen el beneficio de pagar menos impuestos con facturas apócrifas; 3. Outsourcing sucio de empresas que no pagan contribuciones de seguridad social ni impuestos, y 4.- Lavado de dinero del narco.
Es una gama muy diversa de personas que están involucradas.
Son personas que incurren en lo que será considerado, si se aprueba la ley, como delincuencia organizada.
Objetivo: frenar evasión fiscal
La intención de la iniciativa de ley parte de un diagnóstico contundente: las actividades delictivas peligrosas se han vuelto una práctica común en México.
En palabras más claras: un amplio sector de contribuyentes dejó de tenerle miedo a la autoridad fiscal.
Desde hace algunos años, son plenamente conocidas en la opinión pública las denominadas empresas “factureras” que se dedican a “maquinar” complicados procesos que les permiten vender facturas falsas a los contribuyentes que buscan evadir el cumplimiento de sus obligaciones.
Y eso se ha traducido en la existencia de más de 9,000 empresas fantasma que facturan más de 270,000 operaciones simuladas o inexistentes.
De acuerdo con cálculos oficiales, los fraudes de estas empresas rebasan 500,000 millones de pesos.
Y esta cantidad equivale a poco más de 1.5% del Producto Interno Bruto. La magnitud de ésta “industria negra” ha llevado al gobierno a considerar que la gravedad de los daños económicos, que perjudican directamente a la hacienda pública, provoca un desequilibrio en la estabilidad económica del país.
Filtro institucional
La iniciativa de ley busca hacer grave el delito fiscal y tener las herramientas para actual contra las “factureras”, pero sin denominarlas así en la ley porque a lo largo de la historia se han transformado y cambian de nombre.
Hace tiempo se llamaron “cooperativas”, luego se nombraron “sociedades de producción rural” y ahora son “factureras” u “outsourcing”.
Cuando la autoridad toma acciones para enfrentarlas, viene el efecto cucaracha y se transforman. Por eso, la iniciativa busca actuar contra la acción y no contra un nombre en particular.
Pretende modificar artículos de diferentes legislaciones, entre ellos: el artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada; Artículo 11 Bis del Código Penal; Artículo 113 Bis del Código Fiscal; artículo 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
El nuevo esquema contra factureros está pensado para evitar la discrecionalidad de las autoridades.
Prevé la actuación coordinada de varias instituciones: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Margarita Ríos-Farjat, y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que encabeza Carlos Romero, dictamina y valida o rechaza, (ambas de Poder Ejecutivo); la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, autónoma, y el Poder Judicial, a través de sus jueces. El SAT investiga y promueve, la PFF dictamina, la FGR investiga incluso con escuchas y cateos y el Poder Judicial resuelve.
Por lo que dicen los promoventes, se trata, en suma, de una acción contundente contra las factureras y ajena a actos discrecionales. Ojalá.
ATISBOS
DESCONOCE.- Aseguran quienes saben del tema que Interjet está tratando de impugnar el pago de impuestos en parcialidades que previamente había aceptado. O sea que la aerolínea está tratando de desconocer un crédito fiscal que ya había reconocido. ¿Se le habrá olvidado?