¿Desafuero para la ministra?

Han pasado cuatro meses de polémica y Yasmín Esquivel Mossa sigue —a pesar de la intensa presión mediática— en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insaciables, sus detractores no quedaron conformes con evitar que llegara a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; quieren que renuncie a su cargo y —en consecuencia— que llegue un nuevo ministro al pleno.

¿Y el debido proceso? Esquivel Mossa ha escuchado muchas voces pero ha desatendido a los consejeros externos que le ofrecieron opciones —algunas inverosímiles— para restaurar su reputación, dañada por el escándalo del presunto plagio de su tesis de licenciatura en la UNAM. Sus colegas en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura simplemente le dieron la espalda.

¿Ministra Xerox? ¿O víctima de un antiguo engaño? Emplazada a entregar pruebas de descargo por una entidad —el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón— de cuya membresía e integridad poco puede decirse, la funcionaria increpada decidió mantener el sigilo. Y en el pecado llevó la penitencia.

De acuerdo con los archivos disponibles, Esquivel Mossa completó el 100% de los créditos en los cuatro años del plan de estudios (1982-1986) y acreditó la comprensión de un idioma extranjero. Cuando registró su trabajo de tesis y eligió a su asesora, la maestra Martha Rodríguez, ya había ingresado a la entonces delegación Benito Juárez, para cumplir con su servicio social.

Entre la elaboración de su tesis y la presentación de su examen profesional —sostiene— transcurrió un año. En ese lapso —ahora se sabe— la asesora de tesis entregó el documento a otros alumnos de un seminario de especialización en derecho laboral, de donde la habría sustraído otro alumno, de la Facultad de Derecho.

Pero la UNAM tiene otros datos. Y sin contar con prueba irrefutable, determinó que los trabajos de Esquivel Mossa y Edgar Ulises Báez son sustancialmente similares. Grave error del abogado general de la UNAM, institución que —ahora sí— cuenta con evidencia sólida para identificar la fuente del fraude.

La opinión del abogado general de la UNAM y el expediente académico fueron insuficientes para invalidar el título de la ministra Esquivel Mossa. La vista que el rector de la casa de estudios, Enrique Graue, dio a la SEP resultó en una chicanada.

Y es que ni el Tribunal Universitario ni la Junta de Gobierno —instancias competentes, conforme a la legislación universitaria— han conocido del asunto o mucho menos, hayan actuado apegadas al debido proceso, de conformidad a los artículos primero, 14 y 16 constitucionales.

Esa fue —y ninguna otra— la causa por la que la UNAM está impedida de invalidad el título de Yasmín Esquivel Mossa. En consecuencia, la Dirección General de Profesiones carece competencia para emitir alguna resolución.

Con la conciencia tranquila, la ministra Esquivel Mossa ha reiterado que no dejará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre esa materia, el texto constitucional deja poco espacio a la duda: los 11 integrantes del pleno de ese órgano autónomo durarán en su encargo 15 años y solo podrán ser removidos mediante juicio político.

El Artículo 110 establece la sanción posible —la destitución del servidor público imputado y su inhabilitación— y el procedimiento para erigir al Jurado de sentencia, cuya resolución será inatacable.