Detrás de las gaseras

No obstante sus yacimientos en el paleontocanal de Chicontepec, los pozos en la región de Los Tuxtlas y los ductos que cruzan su territorio, la zona de Veracruz carece de gas natural. Y desde hace dos años, las empresas instaladas cerca del Cofre de Perote han tenido que reducir operaciones, no por contingencias, sino por desabasto del hidrocarburo.

Las industrias instaladas a lo largo de 15 kilómetros de la autopista Córdoba-Veracruz tenían contratos de suministro de gas natural por ducto con Pemex Transformación Industrial, una de las subsidiarias de la empresa productiva del Estado mexicano, nacida por la reforma energética del sexenio peñista.

Se trataba entonces de gasificar la planta productiva del país con el uso del combustible fósil más limpio, aunque el sureste del país carecía de la infraestructura para transportar la molécula.

El impulso a la competitividad, a través de una regulación asimétrica y la entrada de nuevos agentes económicos fueron banderas de la Comisión Reguladora de Energía para implementar un programa de cesión de contratos en el 2017. Pero más que la evolución de un mercado, el cambio de régimen alteró esa incipiente dinámica. Las nuevas reglas del juego han perjudicado a los adquirientes con precios más altos y malas prácticas contractuales.

La escasez de gas natural en el corredor Córdoba-Orizaba y las precarias condiciones de libre mercado de ese combustible en el noroeste fueron abordados en este mismo espacio (Gaseras en pugna, 26/10/2021) pero el área jurídica de Grupo SISMA detectó “algunas inconsistencias” y a través de un publirrelacionista remitió una carta, firmada por Edel Braham Fuentes en representación de Energas de México, para desmentir que esa firma tenga un monopolio en la comercialización del gas natural en Veracruz y que su consorcio sea titular de 40 permisos para el transporte y distribución de esa molécula en aquell a entidad.

Efectivamente, de acuerdo con una consulta realizada ese mismo día en el registro público de permisionarios del órgano regulador, son 43 permisos en los últimos cinco años tramitados por Gas Natural de Noroeste, una de las cuatro filiales del consorcio lagunero dedicadas a la distribución y el transporte por ducto, así como al  para distribuir y almacenar petróleo, petrolíferos y bioenergéticos, también está su contrato de venta de primera mano de gas natural con Pemex TRI.

“Antes bien se aclara que mi representada es una de las cinco empresas comercializadoras de gas natural totalmente independientes que prestan sus servicios a clientes industriales en la región Orizaba-Córdoba. De igual manera es pertinente aclarar que no existe la supuesta suspensión del fluido entre los clientes y usuarios en esa zona geográfica”, puntualiza el funcionario de Energas.

Las quejas de los manufactureros de aquella región por los cortes en el suministro de gas —y de las que se hizo eco en este espacio— tienen como principal destinatario a Pemex TRI, por la terminación anticipada del contrato de suministro de gas y las “recomendaciones” formuladas por ejecutivos de la paraestatal para que firmaran con Gas Natural del Noroeste, distribuidor único en la zona.

Allí está la denuncia presentada por René Zacahula Domínguez, administrador de Destiladora del Valle ante la Fiscalía Célula III-4 de Córdoba. La carpeta de investigación 2666/2021 refiere que José de Jesús Meza Muñiz, gerente general de Gas Natural Industrial —también de Grupo SIMSA—fue el directivo “recomendado” para cerrar el trato.

La reunión se habría celebrado el 20 de junio del 2019 y de acuerdo con los quejosos, Meza Muñiz insistió en que sería el distribuidor exclusivo en la región y puso un ultimátum de 10 días para firmar, aunque tardaría tres meses en iniciar con el suministro.

La denuncia por ese intento de extorsión y también por la presunta parcialidad de los funcionarios de la gerencia de comercialización de gas y etano de Pemex TRI fue admitida por la fiscalía y han sido citados Marco Antonio Ortiz Ríos y Beda Carreto Santiesteban.