Ecuador debe actuar antes de que su situación sea similar a la de México

Asesinaron el miércoles al candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, quien de acuerdo a las encuestas aparecía en el cuarto o quinto lugar en las preferencias de los posibles votantes, de entre ocho candidatos que compiten por el cargo.

Su campaña se basó en la lucha contra la corrupción y sus promesas de combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada. En más de una ocasión dijo que una banda asociada al Cártel de Sinaloa había amenazado con matarlo.

Su asesinato es un signo de la cada día mayor violencia en Ecuador, que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), registró una tasa de homicidios de 14.02 en 2021, que es 141.3% más que la tasa de 5.81 que registró en 2017.

Por varias razones, el país se ha convertido en un lugar en donde el crimen organizado actúa cada vez más.

En primer lugar, Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los dos principales productores de cocaína del mundo. Esto ha hecho que el país sea un punto de trasiego para la cocaína que va a Estados Unidos y Europa.

En segundo lugar, hay docenas de grupos criminales compitiendo por el control del narcotráfico. Por lo general, estos grupos son muy violentos y se les responsabiliza de diversas masacres y asesinatos.

En tercer lugar, importantes organizaciones criminales extranjeras están actuando en país. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan desde años en Ecuador y les proporcionan armas y dinero a las pandillas locales que actúan bajo su protección. Al igual que en México, corrompen a los funcionarios e influyen en los procesos electorales.

En cuarto lugar, el gobierno, al igual que muchos otros países, no está preparado para combatir al crimen organizado. No tiene el personal capacitado suficiente ni los recursos materiales y financieros para hacerlo. Policías y militares son asesinados por las pandillas y la mayoría de los casos no han sido resueltos, lo que ha creado un clima de impunidad en el que los delincuentes pueden operar con poco temor a ser atrapados o castigados.

El asesinato de Villavicencio debe ser interpretado como es un llamado de atención por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien debe adoptar medidas de emergencia para encarar la creciente crisis de seguridad. Según los expertos, debe: 1. Fortalecer las fuerzas del orden, invertir en más capacitación y destinar más recursos a las Fuerzas Armadas y policiacas; 2. Mejorar la calidad del poder Judicial que es corrupto e ineficiente, lo que complica la persecución y enjuiciamiento de los delincuentes, y; 3. Resolver las causas del crimen, como son la pobreza y la desigualdad, los bajos niveles educativos, la falta de empleos y programas sociales que ayuden a los más necesitados.

El asesinato de Villavicencio es reprobable y Lasso debe tomar medidas para combatir a la delincuencia y resolver las causas de la  violencia si es que no desea ver a su país alcanzar niveles de violencia similares a los de otros que no han sabido, podido o querido acabar con la delincuencia organizada.

Aún está a tiempo. Con una tasa de homicidios de 14.02 en 2021, su situación es menos mala que la que existe en  México, que ese año registró una tasa de 28.18.

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