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El G20 debe hablarle claro a Putin
En su próxima reunión, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 deberán abordar el aumento global de los precios de los alimentos, lo que a su vez requerirá el reconocimiento de los hechos sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Un comunicado que empapele estas realidades arrojaría dudas adicionales sobre el futuro del grupo.
BERKELEY – La próxima gran prueba de la credibilidad del G20 será (de no haber cambios) cuando los ministros de finanzas y banqueros centrales del grupo se encuentren en las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional previstas para los días 18 a 24 de abril. Como principal foro actual para la cooperación internacional en política económica, el G20 tendrá una agenda cargada. Algunas de las cuestiones más importantes serán la respuesta de los bancos centrales a la escalada mundial de la inflación; la acumulación de pruebas del cambio climático acelerado; y la coordinación de políticas fiscales y sanitarias. Pero también habrá un oso en la habitación: el brutal ataque de Rusia a Ucrania y sus repercusiones económicas, comenzando por su efecto sobre los precios mundiales de los alimentos.
Más allá de algunos logros importantes, la credibilidad del G20 quedó debilitada en los últimos años por una serie de fracasos visibles. Durante la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, los comunicados del G20 se diluían tanto que casi no decían nada. Y más cerca en el tiempo, el grupo no supo formular una respuesta mundial efectiva a la Covid‑19, por no hablar de la preparación para futuras pandemias.
La credibilidad del G20 es un activo importante en un mundo de desafíos cada vez más globalizados. Pero ganar credibilidad cuesta y perderla es fácil; por eso, la reunión de este mes puede ser un punto de inflexión. Hasta ahora, los miembros del G20 encararon la crisis de Ucrania en formas muy diferentes, tanto en lo referido a comunicaciones oficiales cuanto a políticas.
Estados Unidos y sus aliados respondieron con sanciones significativas, pero la semana pasada, China, India y Sudáfrica se abstuvieron de acompañar una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que critica a Rusia y exige que se libere el acceso a ayuda humanitaria en Ucrania.
Según un seguimiento de las sanciones que hace Chad P. Bown (del Instituto Peterson de Economía Internacional), ocho miembros del G20 (todos los de ingresos medios) han declarado que no participarán en las sanciones económicas contra Rusia; y Arabia Saudita (aliada de Estados Unidos pero socia de Rusia dentro de la OPEP+) tampoco se ha mostrado muy dispuesta a hacerlo. Es evidente que el grupo no logrará consensuar ni siquiera el modo de describir la guerra de Rusia o sus efectos sobre los mercados mundiales. Pero minimizar la agresión rusa en un intento de conseguir unanimidad para el comunicado puede terminar de destruir la credibilidad del G20.
En cualquier caso, es seguro que el G20 comentará una repercusión destacada y directa de la invasión rusa: una posible reducción de la oferta mundial de alimentos. Incluso antes del 24 de febrero, los precios mundiales de los alimentos se acercaban a máximos históricos, por una confluencia de factores similar a los que generaron los encarecimientos de 2007-08 y 2010. Esos episodios anteriores produjeron inestabilidad social en algunas naciones pobres; ahora que muchos países de ingresos bajos y medios enfrentan presiones inflacionarias y altos niveles de deuda, y siguen vulnerables a enfermedades y al cambio climático, los efectos pueden ser explosivos.
Ucrania y Rusia son importantes exportadores de trigo, maíz y girasol (en la forma de semillas y aceite). Según proyecciones recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los precios de alimentos y forrajes (que ya son altos) pueden aumentar entre el 8 y el 22% en el transcurso de este año y el siguiente, por la destrucción de la infraestructura ucraniana de producción, almacenamiento y transporte, sumada al posible efecto de las sanciones sobre las exportaciones rusas de granos y fertilizantes, los altos precios mundiales de la energía y el encarecimiento de fletes y pólizas de seguro. Es posible que la cantidad de personas malnutridas en todo el mundo crezca entre 8 y 13 millones.
Igual que en crisis pasadas de precios de los alimentos, la actual aumenta la importancia de la coordinación internacional de políticas. Sobre todo, como han exhortado la FAO y la OMC, el G20 debe plantear un rechazo colectivo al uso competitivo de controles o impuestos a las exportaciones de alimentos. Ya se está dando una proliferación de medidas de esta clase que en el pasado provocaron enormes encarecimientos de los alimentos.
Pero hay algo más que el G20 debe hacer. Pedir medidas paliativas está bien, pero si no se lo acompaña con una exposición franca de la causa original y del remedio, hay riesgo de condonar una conducta inadecuada. Hoy las amenazas al suministro mundial de alimentos se han agravado como resultado de una guerra de agresión y otras violaciones del derecho internacional por parte de un único miembro del G20.
Rusia puede mitigar la crisis fácilmente y en forma unilateral, poniendo fin a su sanguinario asalto, sobre todo los ataques contra la población y la infraestructura civil.
Es verdad que una parte del impacto económico mundial derivado de la guerra se debe a las sanciones; pero estas se reducirán si Rusia retira sus fuerzas y pone fin a los bombardeos. En tanto, Arabia Saudita (junto con los Emiratos Árabes Unidos) puede moderar el encarecimiento mundial de la energía aumentando la extracción de petróleo (algo que hasta ahora se ha negado a hacer).
Aunque la existencia de desacuerdos profundos entre los miembros del G20 será inevitable, la reunión no debe cancelarse, porque hacerlo en este momento aumentaría todavía más la pérdida de credibilidad del grupo. El G20 debe demostrar que es capaz de confrontar las realidades de una situación incómoda.
Para ello, es necesario que una mayoría de sus miembros intente redactar y avalar un comunicado que identifique con franqueza a Rusia como la fuente evidente del problema y de su solución. Basta con una sencilla enunciación de hechos, sin términos que condenen abiertamente a nadie.
Por supuesto que Rusia se niega firmemente a reconocer los hechos, con el argumento de que “la posibilidad de una crisis de alimentos no es resultado de la operación especial de Rusia en Ucrania sino de las sanciones unilaterales ilegales de Occidente”. Pero la firma de un comunicado por una fracción considerable del G20 preservará un remanente creíble de países que puedan sostener la cooperación multilateral en el futuro. Es mejor dejar que algunos países no participen si no quieren, en vez de fingir una unidad que no existe.
Los miembros del G20, incluida Rusia, son los principales actores con incidencia sobre los bienes comunes globales. Sigue siendo importante que se expresen en todas las áreas críticas en las que ejercen influencia, entre ellas la nutrición, la salud y el clima. Un acuerdo sustantivo, allí donde sea posible, será favorable al bienestar global. Pero el desacuerdo fundamental se puede y se debe reconocer, para que subconjuntos de miembros todavía puedan encarar iniciativas propias.
El autor
ex economista principal del Fondo Monetario Internacional, es profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley e investigador superior no residente en el Instituto Peterson de Economía Internacional.
Traducción: Esteban Flamini
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