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El asistencialismo a subasta electoral
No va a ser fácil calificar cuál ha sido el mayor daño económico que ha provocado el régimen de Andrés Manuel López Obrador a México, porque hay varias heridas financieras que, combinadas, realmente ponen en riesgo la salud macroeconómica del país en el futuro.
El manejo financiero de Pemex y la CFE, de la mano de la creación de obras de infraestructura faraónicas y condenadas al subsidio público eterno, son buenos candidatos para ser el daño financiero mayor en poco tiempo.
Pero también pesa mucho en la economía nacional la forma como este régimen destruyó múltiples instituciones, sobre todo las dedicadas a la atención social, para hacer crecer una bola de nieve de programas asistencialistas que han hecho dependientes a millones de mexicanos de recursos presupuestales que no se podrán garantizar en el futuro.
El tamaño de la debacle no está correctamente reflejado en los presupuestos que el régimen se manda aprobar con su obediente mayoría legislativa. Hay miles de millones de pesos redireccionados del presupuesto de forma arbitraria que no tienen registros adecuados.
Los padrones de los programas asistencialistas prácticamente no existen y las pérdidas de recursos públicos son unas avenidas de un ancho inimaginable.
Y, en medio de todo esto, ¿qué hacen las candidatas presidenciales?
Por supuesto que la corcholata de López Obrador promete continuidad a ciegas de lo que hoy vemos, pero la candidata opositora se sube al tren del populismo y no solo promete continuidad, sino redoblar la apuesta de ese camino asistencialista.
Se ha perdido la dimensión de lo que implica el gasto social. Hay confusión entre los programas de apoyo a la población vulnerable y lo que implica crear una clientela electoral dependiente del dinero público.
Se ha destruido buena parte de la infraestructura que brindaba servicios de salud, educación, protección a los menores, a las madres solteras, de capacitación para el trabajo, todo en el nombre de la dádiva con los atentos saludos del Presidente.
En términos de las finanzas públicas, el crecimiento exponencial de esas transferencias hace insostenible en el tiempo mantener ese ritmo de gasto público sin control.
En términos sociales, los beneficiarios lo asumen ya como un derecho conquistado y no lo relacionan con la pérdida de otros servicios sociales. Y en el terreno político, es la forma de mantener una clientela dependiente del poder.
A pesar de ello, ese modelo asistencialista se ha puesto en una subasta populista entre las candidatas que “mejoran” la oferta asistencialista hasta llegar al ridículo de prometer una pensión de la tercera edad ¡a los 60 años!
Ya en el ridículo, otra se quiere hacer publicidad proponiendo pensión a los 57.
La dinámica perversa de este régimen lleva a la política partidista hacia ese terreno de tener que prometer la permanencia del populismo, si es que quieren atraer esa enorme masa de votantes dependientes.
Otra vez, México necesita de muchos programas sociales, pero éstos tienen que ser efectivos e integrales.
Hoy mueren muchos mexicanos que ya tenían tratamientos médicos con el Seguro Popular, las escuelas se caen a pedazos, las madres solteras están abandonadas a su suerte.
Pero con todo y esa realidad, la oferta política de las candidatas se gira hacia una subasta de quién ofrece mayor continuidad populista.