El mini plan B

El Estado de derecho requiere de un Poder Judicial independiente; cortes capaces de resolver en contra de los detentadores del poder político sin temor a represalias. Los castigos con que los titulares del Poder Ejecutivo o las mayorías en el Congreso buscan intimidar a los jueces son varios. Van desde las amenazas de juicio político, el copado de tribunales, los recortes presupuestales, la anulación de criterios jurisdiccionales mediante decretos ejecutivos o legislativos, hasta el desacato liso y llano de sentencias.

El gobierno de la Cuarta Transformación lo ha intentado de todo. Por ello, no sorprende que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde el bloque oficialista integrado por Morena, PT y Partido Verde tienen mayoría, promoviera la llamada “reforma en materia de derechos y justicia político-electoral”.

Consiste en una iniciativa de cambios constitucionales que busca dar una especie de fuero a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios. Pretende exentarlos del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), particularmente en asuntos relacionados con equidad de género y acciones afirmativas.

La iniciativa, que súbitamente se subió al orden del día de la Comisión de Puntos Constitucionales antes del inicio de la Semana Santa, busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución con tres propósitos. En primer lugar, convierte las acciones afirmativas para combatir la discriminación estructural contra las mujeres, grupos indígenas y diversas minorías en una facultad exclusiva del Congreso. Sólo pueden establecerse mediante legislación, que el INE y el TEPJF deben aplicar “de manera literal”.

En segundo lugar, busca dejar al criterio de los propios partidos políticos la definición de las reglas de paridad de género para la integración de sus órganos directivos. Quiere evitar que el TEPJF obligue a los institutos políticos a adoptar la paridad sustantiva entre hombres y mujeres en cargos de dirección. Para ello, vuelve las reglas de paridad de género en un asunto que los partidos definen en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización.

Finalmente, la iniciativa propone establecer un impedimento constitucional para evitar que el TEPJF revise la legalidad y constitucionalidad de dos tipos de actos realizados por mayorías parlamentarias: 1) determinaciones de las cámaras del Congreso en ejercicio de sus facultades exclusivas, y 2) las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores. Los inconformes tendrán que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que los asuntos tengan una naturaleza electoral.

La iniciativa de reforma de derechos y justicia político-electoral tiene todos los visos de una represalia contra el TEPJF. La anunció el jefe de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, el diputado Ignacio Mier, en más de una ocasión, luego de criticar diversas sentencias contrarias a los intereses de su partido. Por ello no sorprende que el oficialismo la promueva.

Pero sí llama la atención que PAN, PRI y PRD –el supuesto bloque de contención–, pretendan avalarla en la Cámara de Diputados, como ha trascendido a los medios de comunicación. El único partido que se ha posicionado públicamente en contra ha sido Movimiento Ciudadano.

Para una corriente amplia de la opinión pública, que se movilizó en contra del intento del presidente López Obrador de desmantelar al INE, la posición de PAN, PRI y PRD resulta confusa y decepcionante. Habían anunciado una saludable veda de reformas constitucionales tras los comicios de 2021. Hicieron suya la causa de la defensa de las instituciones electorales y se sumaron a la lucha ciudadana contra el plan B de la reforma electoral.

Ahora, sin embargo, parecen estar dispuestos a volverse cómplices de un “mini plan B”, en aras de proteger los intereses de sus cúpulas partidistas.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif