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Factura 4.0: SAT cede, no retrocede
Finalmente el SAT cedió, pero no retrocedió.
Concedió una prórroga de seis meses, pero mantiene la exigencia para que todos los contribuyentes actualicen sus datos, soliciten su Constancia de Situación Fiscal y utilicen la nueva factura 4.0.
La nueva fecha límite, en lugar del primero de julio, es el primero de enero del 2023.
La presión de las organizaciones empresariales: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Francisco Cervantes, la Coparmex, de José Medina Mora, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), de Laura Grajeda, y otras, además de las largas filas de personas en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en todo el país, presionaron al órgano fiscalizador que encabeza Raquel Buenrostro.
Pero sobre todo, fue la cruda realidad la que llevó al SAT a reconsiderar su plazo original.
La dirigente de los contadores públicos refiere que de acuerdo con el primer informe de gestión del SAT, de enero a marzo, en el que se publicaron las estadísticas de las facturas que se estaban emitiendo, en ese lapso, el 99.72% de las facturas se emitieron con la versión 3.3 y solamente el 0.28% con la 4.0.
Se observaba un retraso considerable por parte de los contribuyentes para utilizar la nueva versión del SAT y era inminente que tuviera que realizarse la extensión del plazo.
Las cifras que menciona la presidenta del IMCP dan una idea de la dimensión del reto que representa la actualización de los datos de los contribuyentes.
Hay 80 millones de contribuyentes en México de los cuales 12.5 millones son personas físicas que realizan actividad empresarial; más 40 millones que son asalariados; más 2.2 millones que son personas morales o empresas.
Estos 3 grupos son los principales que están solicitando la actualización de sus datos para que se pueda facturar y emitir comprobantes en esta nueva versión 4.0.
Es un grupo muy numeroso que, aún y con las aplicaciones que generó el SAT era imposible que se pueda obtener en tan poco tiempo la actualización de los datos.
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Domingo Ruiz, dice que en el proceso de actualización de los datos, todavía no se alcanzaba ni el 50% del total de contribuyentes y ya solo faltaban 3 semanas para que venciera el plazo original establecido por el SAT.
Por eso, la autoridad, además de la sensibilidad que tuvo para reconsiderar su plazo, también fue realista frente al volumen tan importante de personas que faltan por realizar sus trámites.
El punto central, dice Ruiz, es que se trata de un trámite que obligadamente es personalizado. Lo tiene que hacer cada uno de los contribuyentes.
La prórroga es un respiro y de cierta forma se explica por la petición que hicieron a las autoridades las organizaciones empresariales y de contadores públicos, que adicionalmente están proponiendo más alternativas para que se pueda realizar el proceso de actualización.
Advierte que el SAT habilitó un correo electrónico para que empresas con más de 400 trabajadores envíen un correo, les den una cita y les entreguen las constancias de todos sus trabajadores.
Si este paso se da con empresas con más de 50 trabajadores el beneficio se va a multiplicar.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay 5 mil 466 empresas con más de 500 trabajadores.
Y 56 mil 852 que tienen más de 50 trabajadores.
El SAT tiene que dar el paso para facilitar los mecanismos digitales para que las microempresas puedan actualizar los datos de sus trabajadores.
Debe ser el patrón el que de la actualización y con ello se avanzaría notablemente.
La prórroga –destaca– es un respiro pero se debe seguir avanzando. El SAT, a través del diálogo con las organizaciones empresariales y especializadas debe encontrar el camino para alcanzar el objetivo, en el que todas las partes están de acuerdo.
Lo cierto es que las organizaciones empresariales y de profesionales se anotaron un punto frente al SAT para primero darse más tiempo y quizás para mejorar las alternativas que permitan el cumplimiento del proceso de actualización.
Al final el SAT tiene razón en buscar la manera de cerrar el paso a quienes engañan y defraudan a la autoridad fiscal, pero el camino para lograrlo, necesariamente tiene que ser un ejercicio democrático. Al tiempo.