Guerra alimentaria

El nuevo frente de guerra contra la iniciativa privada del gobierno mexicano es contra la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas envasadas.

Es una lucha frontal. Confronta al gobierno de México con la poderosa industria trasnacional de alimentos y bebidas, calificados como “chatarra”, por su alto nivel de contenido de azúcares, sales y grasas.

Hasta ahora, el primer embate lo asestó el gobierno federal con el etiquetado frontal de advertencia, el de los octágonos negros que buscan avisar a los consumidores sobre el contenido dañino de esos productos.

Y el inesperado y poderoso segundo golpe, lo están dando algunos gobiernos estatales.

El congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa de ley para prohibir y hasta encarcelar a quien venda refrescos y comida ultraprocesada a menores de edad.

El pasado viernes (14 de agosto) a iniciativa del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en una operación “fast track”, presentó una iniciativa que será votada por el congreso no sólo para emular la iniciativa oaxaqueña y prohibir bebidas y alimentos chatarra, sino para imponerles un impuesto.

Además de Oaxaca y Tabasco han anunciado que seguirán el mismo camino, Tamaulipas y Chiapas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, dijo que analizaría el tema.

Y en el plano federal los diputados de Morena impulsan una iniciativa para elevar el Impuesto Especial a Productos y Servicios, a estos productos.

Trascendió que la industria de alimentos desplegará una estrategia de cabildeo sectorial a nivel nacional y frente a los congresos locales. Además, por supuesto, en los medios de comunicación.

Incluso buscarán frenar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las iniciativas de ley que se aprueben en los congresos locales.

El gobierno mexicano responsabiliza a los industriales de este sector de las epidemias de obesidad, diabetes e hipertensión.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado en diversas ocasiones en contra de esa industria.

El subsecretario Hugo López Gatell incluso ha calificado como “veneno embotellado” a los refrescos y se ha pronunciado por dejar a un lado los sofismas para llamar a las cosas por su nombre.

Ha dicho que la mitad de la mortandad en México a lo largo de la última década y media se asocia a la mala nutrición.

Gatell ha referido que la ingesta de refrescos ha provocado 40,000 muertes.

Por supuesto, el general de la batalla en contra del Covid-19 dió su apoyo a la iniciativa que aprobó el congreso de Oaxaca.

El gobernador tabasqueño pasó del dicho al hecho y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley para prohibir la venta de alimentos y bebidas chatarra a menores de 18 años en el Estado.

Además propone imponer un impuesto adicional a la venta de bebidas energizantes y saborizadas.

El proyecto, será votado hoy lunes (17 de agosto).

Las iniciativas de ley estatales, podrían generalizarse y en paralelo están siendo calificadas por la industria afectada, de radicales y prohibicionistas.

La industria alimentaria, está bajo la lupa en todo el mundo, por su asociación con las enfermedades de diabetes, obesidad e hipertensión.

En México es un hecho que es creciente el presupuesto gubernamental destinado a la atención de las enfermedades que provoca el elevado consumo de los productos chatarra.

Lo cierto es que la industria debiera reformular sus productos.

Sin embargo, en su crítica al gobierno tienen varios puntos a su favor:

1.- El IEPS que se les aplica, a pesar de la enorme recaudación que significa, no se aplica para abatir la obesidad o cualquiera otra enfermedad relacionada.

2.- Dejan fuera a la “comida chatarra” de la economía informal.

3.- No es una política integral que incluya educación, orientación y ejercicio físico.

Las partes están polarizadas. Y entre una y otra, está la salud de millones de mexicanos. Al tiempo.