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INE, no es caro; despilfarro en obras insignia
El INE está en el ojo del huracán. La reforma electoral gubernamental que busca ser aprobada, pretende transformarlo. Y entre otros argumentos, el gobierno actual lo acusa de ser muy caro.
Hablando en plata, ¿el INE realmente es caro?
La respuesta corta, es ¡no! El INE tiene un gasto que representa apenas el 0.2% del presupuesto total del gobierno federal. No representa ningún riesgo fiscal.
En un análisis numérico de México Evalúa, queda claro que los verdaderos despilfarros y presiones fiscales están en otra parte.
Que en el actual gobierno se ejerce un presidencialismo fiscal con el que las restricciones presupuestales se han cuadruplicado para el INE y que la marginación presupuestal a la que ha estado sujeto el órgano electoral, estrecha el cerco fiscal.
El gobierno lopezobradorista ha puesto en riesgo el desempeño del INE y, todo indica que ese es justo el propósito detrás.
El INE no es caro, visto en perspectiva. En realidad, el despilfarro presupuestal está en las obras del gobierno.
El centro de análisis concluye que, frente a programas consentidos del gobierno, el presupuesto del INE para 2023 es mínimo: está 14.5 veces por debajo de las transferencias a Pemex que la Sener hizo sin autorización del Congreso, en 2021.
Ó 17 veces menor que los estímulos a las gasolinas de 2022, los cuales, por cierto, benefician a los más ricos.
Tan sólo en 2021 y 2022 la refinería de Dos Bocas tendrá un sobrecosto de 184.2 mil millones de pesos, con lo que se podría costear 7.4 veces el presupuesto solicitado por el INE.
Las Pensiones para Adultos Mayores, que benefician más a la población con mayores recursos, costarán 335 mil millones de pesos, 13.5 veces más que el INE.
Pero desde el gobierno federal no se cuestiona ese gasto.
El Tren Maya dispondrá en 2023 de 143 mil millones de pesos, su mayor monto desde 2019; 5.7 veces más que el órgano electoral.
Ambos proyectos transcurren sin haber probado el beneficio que darán a la sociedad, mientras que el INE claramente nos ha permitido contar con un árbitro electoral que ha hecho posible la democracia en México después de décadas con un partido de estado; ahora los ciudadanos eligen a sus autoridades.
El acotamiento presupuestal del INE no es nuevo.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto al INE le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos (PEF), en promedio, 1.7% (519 millones de pesos) menos recursos de los que solicitó.
En el actual sexenio se le ha ‘negado’ el 8.7% (2.1 mil millones de pesos) de los recursos y, de aprobarse el PEF 2023 en lo particular, con las reducciones planteadas en comisiones, el recorte promediará 10.6% (2.6 mil millones de pesos).
Además, el gasto del INE ha estado contenido a lo largo de los años.
Es cierto, en 2023 será 26% (5.1 mmdp) superior al de 2017 (año con la misma cantidad de elecciones estatales), ya que el INE pidió como precaución 4 mmdp para una posible consulta popular.
De no realizarse esta consulta, se puede regresar el dinero a la Tesorería de la Federación, pero si no se presupuesta el recurso y se inventan una consulta para 2023, el INE tendrá que recortar de otros programas para tal ejercicio.
En el sexenio actual con el presidencialismo fiscal las restricciones presupuestales se han cuadruplicado para el INE.
El instituto ha solicitado 24.7 mmdp en promedio, pero ha recibido sólo 22.6 mmdp, 8.7% (2.1 mmdp) menos.
Para 2023 todo apunta a una nueva andanada. A la par de la discusión de la Reforma al INE que busca desaparecer al instituto, la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una reducción del 18% (4.4 mmdp) al presupuesto solicitado por el INE, para colocarse en 20.2 mmdp.
El INE no es un problema fiscal, pues su presupuesto es mínimo y siempre lo cumple.
Los problemas, más bien, son el pago de pensiones, el costo de la deuda, las transferencias no aprobadas a Pemex, las pérdidas de la CFE o el agotamiento de los fondos de emergencia.
El análisis de México Evalúa es muy claro y contundente.
Hablando en plata, el INE no es caro. El elefante en la sala: es el despilfarro en obras y programas gubernamentales.