Lectura 4:00 min
Justicia de los vencedores
Mucho se ha escrito sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que López Obrador envió al Congreso, y que su sucesora prometió continuar. Las voces más importantes en el medio político y jurídico han alertado con toda claridad e insistencia sobre los riesgos que conlleva la impartición de justicia por jueces elegidos popularmente. También los empresarios e inversionistas han expresado su nerviosismo, ya sea pidiendo audiencia con los impulsores de la reforma, o bien, haciéndose escuchar a través del indicador del tipo de cambio.
A pesar de ello, no hay argumento que parezca frenar a la 4T. El grupo político tiene tanta prisa por aprobar la reforma, y tan poca flexibilidad sobre su eje central, la elección de los jueces por voto popular, que nos hace recordar a la llamada “justicia de los vencedores”. Este concepto comenzó a forjarse a principios del siglo pasado, sin embargo su uso se extendió en gran medida cuando iniciaron los juicios de Dachau y de Nuremberg, al concluir la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, estos juicios fueron instaurados por los países aliados, que acababan de ganar la guerra, con la finalidad de juzgar y, en su caso, castigar a los responsables de las atrocidades del régimen nazi, que había perdido la guerra.
Aun cuando los aliados argumentaron que uno de los objetivos de los juicios era documentar con evidencia y objetividad los hechos que se juzgaban, una de las principales críticas a esta forma de impartir justicia fue que se trataba de una “justicia de los vencedores”; es decir, que los procesos no iban a ser imparciales, pues finalmente los vencedores juzgarían a los perdedores conforme a sus reglas, y sin permitirles una defensa legítima. En suma, el término se refiere a una venganza disfrazada de justicia.
En México, la reforma judicial planteada por la 4T podría sentar las bases para un sistema de “justicia de los vencedores”. En un país tan polarizado, en donde el mismo presidente considera como “adversarios” tanto a periodistas como políticos, empresarios, a la oposición, a los titulares de los órganos autónomos, a los “fifís”, y a cualquiera que critique su gestión, es natural preocuparse por la reforma. Nuestros jueces serán elegidos por la misma mayoría que eligió al partido que controla a los poderes ejecutivo y legislativo, y que hoy interpreta la victoria en las urnas, como una derrota para todos quienes no comparten su visión política. Los vencedores juzgarán a quienes consideran sus adversarios derrotados.
La justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza, o de extorsión. La labor de un juez no es subjetiva o de opinión. Su trabajo parte de un silogismo jurídico en el que debe determinar si un supuesto de hecho encuadra o actualiza una hipótesis normativa, y para ello se vale de diversos métodos de interpretación que también se sujetan a un rigor técnico.
Hasta ahora, los abogados hemos podido anticipar de alguna manera las probabilidades de éxito de un juicio, dependiendo principalmente de la evidencia disponible, y de la calidad de la argumentación jurídica, conforme a las fuentes formales del Derecho. Un buen caso nos permite esperar razonablemente un resultado favorable, sin importar si las partes tienen redes de influencia, o si comparten la postura política predominante.
Es cierto que nuestro Poder Judicial Federal tiene deficiencias, en especial el rezago generalizado en la tramitación de los juicios, pero sin duda es una de las autoridades menos corruptas en nuestro sistema. La reforma al Poder Judicial tendría que enfocarse en corregir las deficiencias, pero no en someterlo al servicio del partido vencedor.