La (in) seguridad de los candidatos

En la mañanera del martes 5 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, nominativamente secretaria de Seguridad federal, informó que sólo 23 aspirantes a un puesto de elección popular habían solicitado protección. De estos, dijo, a siete ya se les había dado esa protección y 14 más estaban en espera. Es obvio que las matemáticas simples no son el fuerte de la 4T (tampoco la lectura, por cierto) ya que 14 más siete suman 21, no 23. El dato ni siquiera empata con el que dio Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, quien informó que eran 27 personas con posibilidades de ser candidatos los que solicitaron seguridad. 

En ese mismo escenario, la señora Rodríguez también afirmó que la protección de los candidatos a puestos de elección local (presidentes municipales y diputados locales) son responsabilidad de gobiernos municipales y estatales. Hay varias razones para considerar esto muy grave. 

La primera es de índole práctica: la mayoría de los aspirantes, funcionarios y personas cercanas (esposas, hermanos, gente del equipo) que han sido asesinados son del ámbito local, no federal. La segunda razón se desprende de esta: no hay infraestructura de protección ni protocolos a nivel municipal y posiblemente en los estados tampoco hay alguna que resulte adecuada. Existe una tercera razón de índole legal: el combate al crimen organizado le corresponde al gobierno federal y dado que las personas asesinadas lo han sido en su mayoría por bandas y cárteles, es la federación quien debe lidiar con esto dando protección a las personas que tienen una candidatura. 

La decisión tomada por la Presidencia no es extraña y resulta consecuente con el discurso de López Obrador de acusar a los medios de exagerar los asesinatos del CO. En pocas palabras, los medios no debían informar de esos asesinatos para no perturbar al señor presidente, quien se niega a reconocer las muertes violentas. Una y otra vez ha dicho que México está en paz y que las mexicanas y mexicanos estamos muy felices. 

Es relevante también que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tampoco vea la violencia como el principal obstáculo para las elecciones. En una reciente entrevista habló de regiones y distritos que podrían significar un reto para la instalación de las casillas, pero no se refirió a la cantidad de muertes relacionadas con los procesos electorales, es decir, no ve que la violencia sea un tema. Lo más llamativo es que la entrevista se dio luego de que había tenido una reunión con los secretarios de Defensa y Marina y con los jefes de la Guardia Nacional. Es difícil creer que no se hablara del asunto, es el mamut en la habitación. 

Precisaré este asunto de la violencia en los comicios. Creo que el día de la elección se instalarán la gran mayoría de las casillas. Salvo en algunas casillas, como sucedió en 2021, se votará sin mayor problema. No es ahí donde veo la presencia de los criminales. La veo desde hace meses participando en la “selección” de candidatos. Conocemos los casos de las personas que han sido asesinadas, por cierto, en su mayoría de MORENA, pero desconocemos quienes se han retirado después de recibir una amenaza. 

En una nota de El Financiero del 6 de marzo pasado, se señala que desde noviembre del año 2023, fecha en que comenzaron las precampañas, hasta ese día, habían sido asesinadas 23 personas relacionadas con la política. En este conjunto hay alcaldes, candidatos, regidores y políticos inactivos, 13 de los cuáles aspiraban a un cargo en las elecciones del próximo 2 de junio.

Se ha probado que el crimen organizado mantiene relaciones con algunos políticos y partidos, de otros hay fuertes sospechas, incluido de la gente muy cercana a AMLO. Dinero, puestos de responsabilidad en algunos municipios, control de policías municipales, préstamos de vehículos aéreos y terrestres, etc. Si se toma esto como cierto y no hay razón para no hacerlo, entonces por supuesto que el crimen organizado a través de diferentes bandas y cárteles están tratando de imponer a sus candidatos. En algunas ocasiones, dos candidatos, incluso de un mismo partido, parecen estar apoyados por grupos distintos. El resultado es terrible: la muerte de quienes no se desea que sean elegidos. Un método de selección brutal. En localidades pequeñas, el miedo puede obligar a los habitantes a que se vote por quienes los capos señalen. 

Los mismos partidos han tomado nota de esto y han recomendado, por ejemplo en Guerrero, que no hablen de crimen organizado ni muertes. Incluso les han dicho que si temen por su vida no compitan o no vayan a regiones controladas por el CO.  Absurdas elecciones si no se puede hablar de uno de los temas más graves. Vamos a las elecciones con más sangre en nuestra historia reciente.