Las reformas

El último año de gobierno de un presidente en México es una combinación de deseos de seguir ejerciendo el poder, y la frustración evidente de que el tiempo se acaba. Seguir influyendo después de dejar el mando, es una tentación entre aquellos mandatarios incapaces de entender que su periodo terminó. Zedillo, Fox, Calderón e incluso Peña Nieto comprendieron los límites de su gestión, mientras que López Obrador insiste en seguir presente más allá del mes de octubre de este año.

Y es por eso que el pasado lunes AMLO presentó una serie de propuestas legislativas carentes de viabilidad parlamentaria, pero que representan su apuesta política para el futuro inmediato. Se trata no solamente de influir decisivamente en la agenda electoral de Claudia, sino también fijar la agenda de un eventual gobierno morenista durante los próximos seis años.

Elecciones y politización del Poder Judicial, reforma de pensiones para obtener 100% del último salario sin contar con los recursos para ello, desaparición de los organismos autónomos para garantizar la concentración del poder en el Ejecutivo, y legalización constitucional para que la Guardia Nacional quede legalmente en manos de los militares.

Estas y otras ocurrencias más pretenden ser parte de la discusión electoral a partir de marzo. No hay espacio para una propuesta propia de Sheinbaum, y la oposición hoy enfilada hacia el cuestionamiento a AMLO, tendrá que decidir si su discurso de campaña irá dirigido hacia el presidente o a su posible sucesora hoy atada de pies y manos por su mentor.

En todo caso queda claro que se trata de la disputa por la nación entre dos proyectos de país opuestos e irreconciliables. La democracia pluralista, con poderes autónomos incluyendo una Suprema Corte desligada de los conflictos partidistas y una economía competitiva y abierta, frente la intentona de reconstruir el modelo de un presidencialismo absoluto sin contrapesos reales, en el marco de un capitalismo de cuates capaz de adaptarse a una globalización regional indestructible.

Las reformas constitucionales planteadas por López Obrador son todo aquello que no pudo imponer por la vía legislativa y judicial y que ahora quiere dejar como legado histórico para su sucesora. Si la oposición termina aprobando algunas de ellas por su contenido popular, independientemente de su viabilidad económica, estará abonando a la explosión social del próximo sexenio al conducir al país a una crisis de deuda de dimensiones desconocidas.

Parece que se trata de ganar el poder a toda costa sin considerar el daño que esto puede ocasionar a millones de mexicanos.