Lectura 4:00 min
Licencias obligatorias, recurso que México no debe anular
México debe estar preparando el terreno adecuado para asegurarse cómo se hará de la vacuna eficaz y segura contra el coronavirus cuando ésta salga para todo el mundo, lo cual se espera sea en el transcurso del 2021.
A nivel mundial parte de la discusión ha sido en torno a la importancia de que funcione bien el ecosistema de propiedad intelectual y también de que se alienten todos los medios de cooperación para incentivar la innovación y la inversión que conduzcan a una vacuna, cura o tratamiento contra el Covid-19.
En Europa ha sido tema crucial entre el Parlamento Europeo y las cabezas de la Comisión Europea donde han coincidido en que los actuales tiempos obligan también a flexibilizar y a ser considerados con las economías que no tendrán mejor recurso que las licencias obligatorias (las cuales implican hacer a un lado la protección de patente) para poder producir sus propias vacunas y asegurarse así de poder inmunizar a toda su población.
Lo extraño es que mientras el mundo se abre a esa discusión, en México vamos justamente al revés, pues nos queremos negar derechos y beneficios legales en contra de nuestro propio bienestar. Resulta que conforme la iniciativa para una nueva Ley de Propiedad Intelectual tal parece que nos vamos a autoeliminar la opción de recurrir a las licencias obligatorias, una herramienta comercial abierta a todo el mundo.
Nos enteramos que en plena pandemia el Senado mexicano quiere asegurar justamente que nuestro país prácticamente no pueda recurrir a producir su propia vacuna -o tratamiento para el virus pandémico- bajo el concepto de licencia obligatoria y así ofrecerla a precios más accesibles o para negociar con la empresa que lo vende.
De aprobar el Senado esa iniciativa, nos dice la especialista en comercio internacional Fabiana Jorge, el Gobierno de México estaría negándose una herramienta clave otorgada dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (los acuerdos ADPIC o TRIPS en inglés), integrado a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Nos enteramos que el tema podría discutirse en sesión extraordinaria en el Senado mexicano en las siguientes dos semanas.
En particular nos referimos al proyecto de ley presentado por el senador morenista Ernesto Pérez Astorga a fines del 2019 y que está siendo considerado por las comisiones unidas de Economía, Salud y Estudios Legislativos. En los artículos 144 a 147 del Capítulo IX (De las Licencias y Transmisión de Derechos) la iniciativa establece restricciones para el uso de las licencias obligatorias que no existen en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Si bien el proyecto de ley sí establece que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) que dirige Juan Lozano, determinará la posibilidad de otorgar licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, hay otros artículos que reducen seriamente el alcance del Acuerdo sobre los ADPIC y que van en detrimento de la salud de los mexicanos.
Específicamente, el artículo 145 establece plazos de 3 o 4 años posteriores al otorgamiento de la patente, para solicitar una licencia obligatoria de modo que una vacuna podría demorarse 3 o 4 años para hacerla generalizada o accesible a todos los mexicanos.
Si México no puede utilizar herramientas que son consistentes con los acuerdos internacionales, estará dejando los precios de vacunas y terapias innovadoras en manos de las empresas eliminando las armas de negociación otorgadas por ADPIC.
El artículo sobre los ADPIC, nos comenta Fabiana Jorge, va mucho más allá del uso de las licencias obligatorias por casos de emergencia nacional. De hecho, el alto costo de los medicamentos podría ser causa del otorgamiento de licencias obligatorias. Sin embargo, el proyecto del senador Pérez Astorga les quita espacio y no hace uso de las flexibilidades permitidas precisamente en favor de países en desarrollo como el nuestro, algo incomprensible estando en medio de una crisis de salud de dimensiones tan enormes.
maribel.coronel@eleconomista.mx