Los costos de la Consulta Popular

Dentro de dos semanas quedará concretado el relevo en la Secretaría de Hacienda. Mientras, Rogelio Ramírez de la O y su equipo han conocido directamente los asuntos pendientes. Primero, directamente, de Arturo Herrera.  Y en las últimas dos semanas, a través de las funcionarias más relevantes de la dependencia: Thalía Concepción Laguna, oficial mayor; Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y Elvira Colcheiro, tesorera de la Federación.

La primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral no estuvo entre los temas álgidos. Y es que el equipo del secretario saliente nunca aceptó los requerimientos presupuestales de Lorenzo Córdova para este inédito ejercicio, programado para el próximo 1 de agosto.

Los consejeros electorales habían validado la instalación de 104,000 mesas receptoras de la opinión de los ciudadanos sobre el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. Un sí o un no que —de acuerdo con esa propuesta— habría costado 1,499 millones de pesos.

La definición del presupuesto de Egresos de la Federación 2021 debía apegarse a los criterios de racionalidad y austeridad impuestos por el Ejecutivo federal, por lo que esa primera propuesta quedó rápidamente descartada. El INE recalculó los costos de la Consulta Popular y estableció que si se instalaban 91,000 mesas de votación solo necesitarían 890 millones de pesos.

Ni Hacienda ni la Cámara de Diputados accedieron a esas peticiones. El INE tuvo que apretarse el cinturón: con los remanentes del 2020 y los ahorros en la organización del proceso electoral del 2021 —que en vez de enterar a la Tesorería mantuvo bajo su administración— pudo recopilar lo necesario para decretar si se investiga y juzga a los expresidentes.

El INE instalará 57,000 mesas receptoras y en cada una de ellas habrá 2,000 boletas. Un excedente de 20 millones de papeletas sobre el número de inscritos en el listado nominal (93.5 millones de electores).

Está claro que las boletas no utilizadas podrán reciclarse. Y también, que al menos 37.5 millones de ciudadanos deberá votar el próximo 1 de agosto, para que la consulta tenga efectos vinculantes.

Podría ocurrir otro tsunami de participación electoral... o que queden más boletas sin usar que votos. Por lo pronto, de acuerdo al manual operativo de la consulta, en cada mesa receptora habrá dos canceles de votación —sin cortinillas— y se permitirá el acceso simultáneo hasta de cinco electores.

“Si hay culpables que los sancionen. Que se gaste el dinero en algo mucho más productivo como medicinas”, sostuvo ayer la senadora panista Kenia López Rabadán.

Efectos secundarios

ALINEADOS. Para derrotar a Morena en el Valle de México funcionó la alianza PAN-PRI-PRD a niveles sin precedentes. En el corredor industrial conurbado a la CDMX, donde el blanquiazul tuvo su bastión, el tricolor recuperó alcaldías importantes como Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tecámac. Entre los liderazgos priistas que hicieron posible esa recuperación están Alejandra del Moral y Elías Rescala, mientras que Enrique Vargas del Villar y Anuar Azar estuvieron del lado blanquiazul. Este último se enfila a tomar las riendas del Comité Estatal del PAN.

LIBERTADES. El Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso nuevas medidas para contrataciones de servicios de telefonía celular que obligan al Agente Económico Preponderante (léase Telcel) a celebrar con sus clientes contratos separados para la contratación de servicios móviles y para el financiamiento del equipo terminal respectivo, con su respectiva facturación. Esta nueva obligación pretende brindar mayor dinamismo al mercado de servicio móvil al permitir que los usuarios puedan cambiar de compañía, sin que se encuentren atados a cláusulas o condiciones de permanencia y tener claridad sobre las tarifas, condiciones y descuentos que el preponderante aplica en sus acciones de comercialización.