Niñez relegada

Si el desplazamiento forzado de la población y la niñez de Tila y otros pueblos inhabitables por la violencia destructiva prueba el abandono de la población en riesgo por el gobierno actual, una mirada más amplia a la situación actual de la niñez en México también devela un panorama desolador. Los balances parciales del sexenio muestran ya que la combinación de negligencia, omisión y políticas erradas va dejando una estela de daños presentes y futuros. Anteponer prioridades caprichosas a necesidades urgentes de la sociedad y de la niñez en particular, dejar a la deriva la política de seguridad y cerrar los ojos ante las violaciones de derechos humanos y las violencias cotidianas, aunque afecten a los más vulnerables, tiene un altísimo costo humano, tanto más cruel cuanto más se postergue un cambio de visión política y social.  

Como sabemos, las personas menores de edad son sujetos de derechos a quienes el Estado debe garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Así lo establecen la Convención de los Derechos de la Niñez y la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Ambas afirman la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida, la educación, la salud, etc. La Convención especifica además que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a NNA de “todas las formas de violencia, daño, abuso, negligencia, maltrato o explotación física o mental” (art 19). La Ley, a su vez, establece que las políticas públicas deben tener un enfoque integral, incluir la participación de NNA y “ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar [el] interés superior [de NNA]”. Los datos de la realidad exhiben una enorme brecha entre ésta  y el discurso político y legal. 

Así lo sugiere el Balance 2023 de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) que, con base en datos oficiales, muestra las desigualdades y retrocesos que han vivido NNA en México bajo este gobierno. Aunque señala que la pobreza ha disminuido, todavía millones de menores de 18 años tienen carencias en vivienda y servicios básicos, alimentación de calidad, salud, seguridad social, educación de calidad, y viven violencia. 

Ninguna de las facetas de la vida puede aislarse de las demás pero aquí sólo destacaré  violencias cotidianas y criminales, menos intensas pero tan dañinas como los conflictos extremos. La calle, la casa y la escuela son ámbitos peligrosos para NNA desde el nacimiento, especialmente para las niñas: a las miles de hospitalizaciones por violencia familiar, se suman hospitalizaciones por violencia sexual y física, abandono y negligencia, todas en aumento en 2019-2022. Menos evidentes, el bullying , el ciberacoso y la discriminación minan el desarrollo y la convivencia desde edades muy tempranas. Aunque se achaquen sobre todo al entorno familiar o comunitario, al Estado le correspondería prevenir y sancionar estos daños. También debería prevenir y castigar el feminicidio, el homicidio doloso (96 y 1110 respectivamente en 2022), la trata (430 menores en 2022), la desaparición, en aumento, y el suicidio que cobró 704 vidas jóvenes en 2022. Minimizar estos daños exacerba la indefensión de millones de personas. 

Por otro lado, aunque no se considere explícitamente como violencia, el trabajo infantil, que ocupa a más de 3 millones de personas de 5 a 17 años, obstaculiza su desarrollo social e intelectual. Es una violación intolerable de sus derechos humanos,  sobre todo cuando casi un millón de niños/as trabajadores tienen menos de 15 años y, del total, 1.2 milllones trabajan en ocupaciones peligrosas. Por último, si consideramos las condiciones en que migran o se desplazan las decenas de miles de NNA expulsados por violencias  o desastres “naturales”, que se cuentan por decenas de miles y van en aumento, es urgente preguntarse  por qué todas estas vidas que deberían florecer parecen condenadas a sufrir, a sobrevivir en un mundo que no protege, sino desprecia y relega a las personas más vulnerables.