Nuevo desafío de Morena a la Constitución

“Lo que le digo a la oposición es que lean la ley para evitar el ridículo”, dijo el diputado Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. “Luego no leen. Siempre se los he dicho: leer no hace daño”, remató con sorna. Sus palabras delatan un estilo sobrado y revelan cierto desprecio por la oposición parlamentaria.

El diputado Mier se refería a las declaraciones de los diputados de PAN, PRI y PRD con las que dieron a conocer que impugnarían el “decreto interpretativo” aprobado por la mayoría oficialista en San Lázaro, una iniciativa para acotar el concepto de propaganda gubernamental a campañas de comunicación “con cargo al presupuesto público”.

La medida busca habilitar legalmente a los servidores públicos para que, durante las campañas electorales o procesos revocatorios, puedan difundir logros de gobierno y traten de conseguir el apoyo a favor de acciones gubernamentales en sus redes sociales, conferencias de prensa o eventos políticos, con la única restricción de abstenerse de utilizar recursos presupuestales.

En el corto plazo, la mayoría oficialista tiene la intención de permitir que los gobernadores, legisladores y alcaldes de Morena se puedan sumar a la campaña “que siga AMLO” como parte del proceso de revocación de mandato promovido por el propio presidente López Obrador. A más largo plazo, la iniciativa abre la puerta al flujo de recursos privados a campañas para posicionar ante la opinión pública a presidentes municipales, gobernadores y al propio presidente de la República con una variedad de fines políticos.

Hay una cosa en la que el diputado Mier puede tener la razón, aunque de manera involuntaria. La oposición no tuvo tiempo para revisar la iniciativa de decreto interpretativo. La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, suspendió el trámite parlamentario. Determinó que la iniciativa era de “obvia y urgente resolución” y, sin el estudio previo de una comisión legislativa, la sometió a votación en el pleno.

Aún falta que el decreto interpretativo pase por el Senado y se envíe al presidente de la República para su promulgación. Por lo pronto, el portavoz de Morena en el Senado ha anunciado que la iniciativa se aprobará en fast track. Morena tiene los votos para conseguirlo. El presidente López Obrador, por su parte, no tiene ningún incentivo para detener este albazo legislativo.

La prisa, sin embargo, es mala consejera. A pesar de los desplantes del diputado Mier, la iniciativa aprobada difícilmente pasa el control de constitucionalidad. En primer lugar, el artículo 105 de la Carta Magna impone una veda legislativa en materia electoral con el fin de impedir que las mayorías en el Congreso cambien las reglas a la mitad del juego. La revocación de mandato y los procesos electorales en seis estados comenzaron tiempo atrás, con normas conocidas que no se pueden cambiar a conveniencia del partido en el gobierno.

Los diputados de Morena que promovieron la iniciativa están convencidos que, al ser un decreto interpretativo y no una reforma legal, su iniciativa no está sujeta a la veda legislativa del 105 constitucional. Sin embargo, los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apuntan en una dirección contraria. Los cambios normativos, incluso sin ser leyes en el sentido formal, pueden considerarse “modificaciones legales fundamentales” prohibidas una vez que inicia un proceso electoral.

Un segundo problema tiene que ver con una confusión, quizás provocada por obsesión de Morena con el INE. El decreto interpretativo no cambia criterios emitidos en sede administrativa, sino por autoridades facultadas para interpretar la Constitución. Son precedentes sentados en ejercicio del control de constitucionalidad por el TEPJF y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación; cosa juzgada que se no puede modificar con un mero decreto interpretativo.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif