PPEF 2024: Endeudarnos ¿para qué?

La incongruencia de un gobierno que afirma “primero los pobres” y mantiene prioridades de política pública ajenas al “bienestar” y a la “justicia social” se comprueba de nuevo en el PPEF 2024 que el Congreso habrá de revisar y debería modificar en beneficio de las mayorías. Este proyecto, en efecto, reincide en disminuciones y aumentos ridículos a instancias encargadas de garantizar los derechos a la salud y a la cultura, entre otros, y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y en igualdad, que así no podrán  cumplir su cometido. En contraste, como sucede desde 2019, se comen gran parte del presupuesto el proyecto militarista, cada día más evidente, y el proyecto populista-electoral, basado en subsidios individuales directos. Si consideramos que, de mantenerse este PPEF 2024, aumentará el déficit fiscal y la deuda pública alcanzará el 48.8% del PIB, según datos de Fundar, debemos preguntarnos: ¿para qué nos vamos a seguir endeudando?

¿Se justifica el déficit con tal de evitar una reforma fiscal que grave a los más ricos o que regule los beneficios fiscales a las grandes empresas, como sugiere Fundar en su reciente análisis del PPEF 2024? Preguntemos: ¿se justifica seguir gastando más de 350,000 millones de pesos en militarizar al país y seguir empoderando a las fuerzas armadas, cientos de miles de millones más en imponer proyectos neocoloniales como el Tren Anti-Maya y el corredor transístmico, en mantener el pozo sin fondo de Pemex? ¿Se justifican estos gastos cuando no hay suficiente dinero para fortalecer el sistema de salud, prevenir y reparar los crecientes daños de la violencia, frenar el ensañamiento machista, investigar las desapariciones? ¿Es viable un país sometido al autoritarismo, desgarrado por la violencia extrema, sin medios para buscar e identificar a sus personas desaparecidas, sin acceso a la cultura, en estas épocas obscuras?

Como plantea Fundar, “Sin recursos no hay derechos”. ¿Cómo va a mejorar el sector salud en general si sólo recibe el 2.8% del PIB y no el 6%  que recomienda la OMS, si persiste  la opacidad  en el uso de recursos?  ¿Qué derecho a la salud puede ejercer el 39.1% de la población sin seguridad social, atrapada entre la desaparición del INSABI y la construcción desordenada del IMSS-Bienestar, sin recursos suficientes?

¿Pondrá un alto el Congreso “de la paridad” a la manipulación del Anexo 13, donde deben concentrarse los presupuestos etiquetados para programas que promuevan la igualdad de género? En el PPEF 2024, 89%  de los recursos del Anexo se concentran en programas sociales prioritarios para el gobierno, sin perspectiva de género ni impacto alguno en las desigualdades de género. En cambio, de nuevo se dan aumentos ridículos a programas que sí benefician a mujeres y niñas: +0.24% al PROIGUALDAD, 0.02% a Refugios, 1.4% a prevención de violencia, todos con menos de 500 millones de pesos;  o se recortan: 0.3% al programa de apoyo a hijos/as de madres trabajadoras, -3.4% a salud materna en este anexo. Además, ni las guarderías ni las escuelas de tiempo completo forman ya parte de la agenda gubernamental.

A la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, la igualdad y a la cultura (también asfixiada), se añade el desdén por la crisis humanitaria que significan las más de cien mil desapariciones. La falta de compromiso del gobierno con la búsqueda y la protección de buscadoras es también evidente en la falta de presupuesto, como señala Fundar. Además de cumplir con su obligación, si el Estado otorgara suficientes recursos financieros y humanos para este fin, contribuiría a reparar el daño a miles de familias y cientos de colectivas de buscadoras.

Asfixiar con una falsa austeridad a la sociedad al negarle a millones de personas el ejercicio de derechos humanos básicos, atenta contra el bienestar que tanto pregona el Ejecutivo. El Congreso debe mirar fuera de la burbuja gubernamental y responder a las necesidades de quienes habitamos este país.