Protección defectuosa

Durante los primeros cinco meses del 2019, cinco periodistas fueron asesinados en México. Desde el 1 de diciembre del 2018 —cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República— al menos 17 periodistas y personas defensoras de derechos humanos han perdido la vida, lo que confirma que ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo en este país. “Una tierra de impunidad para quienes buscan silenciar a las voces críticas”, sanciona un informe de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) divulgado a finales de la semana pasada.

El reporte, entregado en marzo pasado por Gina Hinojosa, Virry Schaafsma y Maureen Meyer, evalúa los siete años del Mecanismo para Proteger a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, instaurado en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón y que en el periodo de Enrique Peña Nieto otorgó protección inmediata —como escoltas o guardaespaldas, cámaras de seguridad y equipos, incluidos chalecos antibalas y teléfonos satelitales— a activistas, periodistas, medios y ONG. Pero nada más. Desde agosto del 2017, seis personas beneficiarias del mecanismo han sido asesinadas.

El mecanismo fue diseñado para brindar protección inmediata a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo y para identificar políticas más amplias para apoyar a estas personas y prevenir futuros ataques.

Desde la creación del mecanismo, 1,144 personas han sido receptoras de alguna forma de protección. Actualmente 298 periodistas y 533 personas defensoras de derechos humanos están en el programa... que es atendido por apenas 35 funcionarios —entre ellos: seis integrantes del personal en la Unidad de Recepción de Casos y Respuesta Rápida, 21 en la Unidad de Evaluación de Riesgos, y ocho en la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis—, adscritos a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El mecanismo por sí mismo es incapaz de enfrentar de manera integral la violencia contra esta población. A menos que los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos sean investigados y sancionados de manera adecuada, los ataques simplemente continuarán.

“Las medidas de protección a menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad sobre el terreno en las diferentes regiones del país. En algunos casos, las medidas no han podido brindar protección suficiente”, determinaron las investigadoras.

Mientras el gobierno de Peña Nieto fue incapaz de combatir las causas que originan los riesgos contra esta población —definen— la administración de López Obrador tiene la oportunidad de crear un entorno más seguro y propicio para que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar su trabajo.

Antes, las estrategias eran insuficientes, pero con la política de austeridad de la nueva administración resultan más precarias. En los últimos dos años, las autoridades responsables del mecanismo advirtieron que sus reservas financieras estaban próximas a agotarse, aunque eventualmente se dispuso de fondos para garantizar el funcionamiento del programa.

El mecanismo gastó aproximadamente 259.9 millones de pesos en la implementación de medidas de protección en el 2018, el Congreso sólo asignó 207.6 millones de pesos en el PEF 2019... sin margen de ampliaciones o transferencias.

A finales de la semana pasada, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que el ejercicio periodístico está bajo constante asedio. “No podemos hablar de democracia sin hablar de libertad de expresión... consideramos primordial que todas las personas puedan pensar y expresar sus ideas, independientemente del contenido de éstas, sin censura ni restricciones indirectas”, sostuvo el funcionario, quien prometió que el mecanismo de protección será fortalecido.

EFECTOS SECUNDARIOS

NOVEDADES. Apatridia. Refugio. Ambos términos, provenientes del derecho internacional, tendrán que incorporarse al lenguaje de la Cuarta Transformación que inevitablemente se convertirá en primer país de asilo o tercer país seguro, de acuerdo con la negociación que cierren Trump y AMLO. Antes ya se habían pactado procedimientos estándares para la recepción y el tratamiento de menores no acompañados que buscaban ingresar a Estados Unidos. Regular los flujos de refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras quedó como tarea del gobierno mexicano. También, atender a los solicitantes de asilo y refugiados que se quedarán en su territorio. En el corto plazo, el despliegue de la Guardia Nacional y la instalación de retenes, para frenar las oleadas de migrantes. En el mediano plazo, el gobierno mexicano tendrá que disponer lo suficiente para un reasentamiento solidario de los refugiados. Permanente tendrá que ser el trabajo para ampliar la concientización sobre los temas de refugiados, luchar contra la discriminación y promover su integración a la sociedad. Y queda la duda: ¿quién capacitará a los oficiales de migración y las fuerzas de seguridad?

INCONEXOS. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores convocó a la licitación pública nacional electrónica plazos reducidos LA-020V3A999-E34-2019 para la adquisición de servicio de conducción de señales (RPV), Internet, seguridad voz, monitoreo y correo electrónico administrativo. Sin embargo, durante la junta de aclaraciones, los licitantes manifestaron su desacuerdo a los encargados del proceso en el Inapam —Héctor Hugo Hermida Olguín, Mónica Vargas Alatorre y Thalía Elizabeth Fonseca— debido a que piden que la conectividad sea por instrumentos más costosos como la fibra óptica o de cobre, cuando también se podrían utilizar herramientas inalámbricas que son más accesibles en cuanto a costos y en ocasiones ofrecen un mejor servicio, de acuerdo con las empresas participantes. El fallo está programado para finales de esta semana, pero los inconformes acudirán ante la SFP para denunciar las anomalías en la dependencia encabezada por Elsa Julita Veites.

FRECUENCIAS. La Visión de Dios, grupo evangélico asentado en la Península de Yucatán, es la primera asociación religiosa que obtiene un título de concesión para explotar una estación de radio “de tipo social” en el 101.9, que tendrá la posibilidad de distribuir una señal de televisión de cable.