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Casi completas, las piezas del trípode que sustenta el modelo de comunicación de la 4T: los directores de los medios públicos ya están en funciones, salvo Sanjuana Martínez y Jenaro Villamil, quienes deberán comparecer ante el Senado, antes de tomar las riendas de Notimex y el Sistema Público de Radiodifusión, respectivamente. (Villamil afrontará severos cuestionamientos de los parlamentarios, por sus estudios incompletos y los de sus colaboradores cercanos).
Vigentes también, los lineamientos que deberán observar los directores y los enlaces de las oficinas de comunicación social de las 303 dependencias federales, al momento de pautar las campañas de difusión de las obras y programas del gobierno morenista.
En ciernes, las nuevas reglas para contratar espacios en medios impresos, electrónicos y alternativos, cuya última versión es revisada en Palacio Nacional luego de que el grupo de trabajo —en el que el director de estrategias y medios nacionales, Jesús Cantú, tuvo una destacada participación, junto con los abogados designados por el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra— trazara las prioridades: ya no será 0.5% del gasto en comunicación lo que se destine para las radios comunitarias; las audiencias determinarán los montos de las “inversiones” pero sobre todo, el impacto que garanticen las publicaciones...
¿Y la nueva Ley? En la agenda de la mayoría morenista no hubo iniciativa sobre el particular para este, el primer año de trabajos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, por lo que el marco normativo vigente es la Ley de Comunicación Social promulgada hace nueve meses por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tramitará el amparo promovido por Artículo 19 y otras ONG defensoras de los derechos a la información y la libertad de prensa aglutinadas en el colectivo Medios Libres.
El nuevo reglamento está próximo a publicarse, confirmaron funcionarios que participaron en su elaboración, quienes confirmaron que la publicidad oficial no desaparece, sino que se pluraliza.
Los medios —determinaron los ministros— deben contar con recursos suficientes para cumplir con su función social de informar. Hubo expertos en la materia —que ahora están al frente de oficinas de comunicación social en instancias gubernamentales— que plantearon abiertamente otorgar subsidios. En la regulación en ciernes, de acuerdo con las fuentes consultadas, procurará el mantenimiento de medios locales, medios de nicho, laboratorios de investigaciones periodísticas y otros medios sociales, que garanticen la diversidad, tanto en la propiedad como en los contenidos.
La austeridad y la eficiencia serán principios rectores.
La exigencia de distintas ONG y académicos especializados en el tema respecto de abrogar la Ley de Propaganda y elaborar una nueva normatividad no serán atendidos, al menos en el corto plazo.
De acuerdo con el PEF 2019, para la conducción de la política de comunicación social de la administración pública federal y la relación con los medios de comunicación, habrá 2,088 millones de pesos disponibles; de los cuales 1,775 millones serán ejercidos por la dirección de comunicación social de la Secretaría de Gobernación. La vocería de la Presidencia, por su parte, ejercerá otros 113.5 millones de pesos.
Sumados esos montos con los presupuestos asignados a 20 secretarías de Estado y organismos descentralizados como el IMSS, el ISSTE, Pemex y CFE, rebasan 3,280 millones de pesos para difundir los logros de la administración federal.
Las reglas de operación, aplicación y criterios para el reparto y asignación de recursos estarán a cargo de la nueva Dirección de Normatividad, a cargo de Rafael Márquez. Hasta ahora, sólo es posible conocer el monto de lo que cada dependencia gastará, pero no en qué medios invertirán.
EFECTOS SECUNDARIOS
PROBLEMAS. Marko Cortés enfrenta turbulencias. Las expectativas del PAN para los comicios en Baja California y Puebla, donde se elegirán gobernadores el próximo 2 de junio, son displicentes. Y los procesos internos para seleccionar a sus abanderados están complicados. ¿Ejemplos? Para Aguascalientes, capital, el CEN del PAN dejó en suspenso la confirmación del método de elección de candidatos a la alcaldía de Aguascalientes luego de que a la alcaldesa Tere Jiménez no le dieran los números para enfrentarse en una elección interna y lograr su reelección y ahora le juega a una designación directa. Lo cierto es que la precampaña ya inició y se tienen inscritos a dos contendientes. Echar abajo ese proceso podría poner en riesgo la única elección estatal en la que el triunfo del PAN está asegurado.
ESTATALES. Las 32 entidades federativas recibirán un billón 911,960 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2019. De esta cifra, 919,817 millones serán participaciones federales, 9.1% más de lo que se destinó en el 2018. Si bien esta cifra depende de los impuestos que cada estado recauda, de acuerdo con la Asociación Internacional Fiscal en México, presidida por Enrique Ramírez Figueroa, los gobiernos subnacionales deben mejorar su capacidad administrativa para cobrar de manera eficiente impuestos como el predial y que las participaciones estén verdaderamente condicionadas con base en la recaudación de cada entidad. En la Ley de Ingresos de la Federación se estableció un aumento de más de 10% en la recaudación de impuestos y mientras Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, ya declaró que se combatirá la evasión fiscal y que tiene como meta recaudar 3.3 billones de pesos por impuestos, otros frentes como la ampliación de la base de contribuyentes a través de impuestos que ya existen y eficientar el gasto, también deben ser atendidos. Ojo, el nombre del juego y el compromiso de López Obrador y Carlos Urzúa, titular de Hacienda, es no aumentar ni crear nuevos impuestos.