Sobreidentificados

Si el objetivo de crear un documento de identidad adicional al ya existente por excelencia no es claro y contundente, corremos el riesgo de poner en tensión y competencia al nuevo y propuesto CURP con fotografía con la credencial de elector otorgada por el INE. Y más en tiempos de astringencia presupuestal, es incomprensible que se disponga todo un aparato de enormes costos para consolidar un padrón de ciudadanos adicional al ya existente por parte del Instituto Nacional Electoral. Un padrón de cerca de 100 millones de registrados que, en razón de su manejo en la imparcialidad, han constituido el soporte vertebral de un sistema electoral mexicano que muy pronto se volverá a poner a prueba. Esta iniciativa que ya se encuentra en el Senado, parece un dardo envenenado en contra de la democracia electoral tal y como la hemos conocido hasta el momento. Propone un debilitamiento progresivo del valor de identificación concedido a la credencial de elector, para a pocos trasladarlo hacia un documento con su Clave Única de Registro Poblacional que, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Población, constituirá prueba plena y abarcaría por igual a menores de edad.

Además, al no estar vinculado este nuevo documento al uso estrictamente electoral como fin básico, incentiva el abstencionismo a grados exponenciales ya que, en un alto porcentaje de los casos, el ciudadano tramita su INE como medio de identificación mismo que posteriormente le permite sufragar. Pero con una alternativa para la probanza de identidad, es muy probable que el trámite de una credencial de elector se reduzca considerablemente lo cual impedirá naturalmente el siguiente paso que sería la participación en las elecciones.

Por otra parte, es por igual considerable la desconfianza ante la obligatoriedad que plantea el tener que tramitar este nuevo CURP con identificación por rasgos biométricos. Es que un gobierno pueda contar con tan detalladas señales sobre los particulares, los hace vulnerables al uso selectivo de programas sociales con fines electorales o, en un caso extremo, se crea un escenario donde existe una gran facilidad para la vigilancia y seguimiento de cualquier ciudadano inscrito en el registro. En un país donde se teme este espionaje por motivos políticos o por el ejercicio de la función periodística, dotar de herramientas legitimadas es un ejercicio cargado de riesgos. Y no son meras suposiciones; el proyecto de creación de esta nueva Ley General de Población permite la libre compartición de datos personales, dándoles la calidad de nula confidencialidad. Así en el artículo 84 del proyecto se prevé que los datos personales puedan ser compartidos a cualquier otra instancia gubernamental a requerimiento expreso para el cumplimiento de sus funciones. A todas luces resulta controversial y opaco el que nuestros datos circulen sin mayor acotación que el arbitrio gubernamental para hacerlo. México debe saber que los grandes temas no se ciñen al revanchismo político sobre las instituciones.

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