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Telecomunicaciones: Claudia y Xóchitl
¿Cuál será el rumbo que tomará la próxima Presidenta de México en materia de telecomunicaciones?
En un sector estratégico para el crecimiento económico y el nearshoring.
En la última década ha duplicado su tamaño, que equivale ya al 3.4% del PIB.
Las telecomunicaciones se han convertido en la base del desarrollo de otros sectores, también estratégicos, como el financiero, el automotriz o la manufactura.
Y al mismo tiempo, en su desarrollo en México, destacan su alta concentración y elevadas cargas administrativas.
Estas, representan prácticamente, un impuesto a la inclusión digital.
El costo del espectro radioeléctrico es 50% superior al promedio de América Latina.
Es un hecho que el próximo gobierno, sea quien sea el que lo encabece, tendrá un reducido margen de operación con un déficit fiscal heredado de 5.9% del PIB.
Por eso, vale la pena, plantear, ¿qué proponen las dos candidatas punteras en la carrera por la Presidencia de la República?
A principios de marzo Claudia Sheinbaum, presentó un paquete de 100 pasos para la transformación.
Su intención, claramente es dar continuidad a la política del Presidente López Obrador basada en que México debe desarrollarse a partir de empresas estratégicas del Estado, con el fortalecimiento del proyecto “Internet para todos”.
De su plan, destacan tres puntos en materia de telecomunicaciones.
1.- Propone crear una nueva empresa paraestatal, la Red Nacional de Telecomunicaciones.
En ella integraría toda la infraestructura y recursos satelitales de CFE TEIT, subsidiaria de CFE; Altán Redes, la empresa mayorista de telefonía e internet móvil rescatada por lopezobrador, en 2022; Promtel, organismo promotor de inversiones y Financiera para el Bienestar con sus más de 1 mil 700 sucursales a nivel nacional.
2.- Promete dar cobertura móvil en 66 mil comunidades, que actualmente están desconectadas, meta ambiciosa e incumplida durante el presente sexenio.
3.- La candidata de Morena, impulsaría el llamado “plan C” para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros órganos autónomos.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, considera a las telecomunicaciones como un medio para impulsar la economía digital y atraer inversiones en otros sectores con impactos económicos y sociales.
De sus planteamientos destacan:
1.- La cobertura universal, incentivando el uso de Internet mediante alfabetización, desarrollo de habilidades digitales y subsidios a los servicios.
2.- Prohibiría las asignaciones directas en las compras de gobierno para servicios de comunicaciones.
3.- Es la única candidata que se ha pronunciado por revisar los costos del espectro radioeléctrico, ante el reclamo de la industria.
4.- Se ha manifestado por fortalecer al órgano regulador y nombrar a las consejeras, que están pendientes en el Pleno del IFT. Con agendas y visiones muy distintas de cada una de las candidatas, es un hecho que la próxima presidenta deberá tomar una decisión sobre qué hacer con el sector de las telecomunicaciones y en particular con la red compartida. Durante sus primeros cuatro años el presidente López Obrador, intentó desmantelar sin éxito este proyecto, herencia del presidente Peña.
Fue hasta que la red compartida entró en concurso mercantil y López Obrador prefirió rescatarla.
Altán Redes se ha caracterizado más por consumir masivas cantidades de recursos públicos que por su efectividad para llegar a zonas sin conectividad.
A la fecha, cálculos no oficiales estiman que la red compartida ha costado al gobierno alrededor de 51 mil millones de pesos en préstamos de la banca de desarrollo, el rescate financiero, la inversión pública de CFE TEIT para crecer la cobertura que debería desplegar Altán y los subsidios de espectro.
Esa cantidad es 70% del total de la inversión que, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, se requiere para cerrar completamente la brecha digital en México. ¿Cuál ha sido el retorno sobre la inversión de esos 51 mil millones de pesos en términos de cobertura e inclusión digital?
Aunque Altán no ha cumplido con el compromiso de 92.2% de cobertura con el cual ganó la licitación pública en 2016, hoy cubre alrededor de 80% de la población.
Sin embargo, 9 de cada 10 clientes de Altán están en áreas urbanas donde Telcel, AT&T o Telefónica ofrecen servicios.Y sólo 2% de su cobertura está en zonas que no cubren las otras telefónicas.
Altán, con una deuda de 30 mil millones de pesos e ingresos anuales por 5 mil 500 millones de pesos, no tiene rentabilidad por lo que parecería ser más útil a algunas cadenas de supermercados que al propio gobierno.
El próximo sexenio arrancará con importantes presiones fiscales.
La próxima presidenta de México deberá decidir cuál es el mejor modelo para dejar de perder dinero en Altán.Tendrá que decidir entre un esquema eficiente de Asociación Público-Privada o reorientar su vocación de proveer servicios exclusivamente al 8% de población sin cobertura. Pero sobre todo tendrá que determinar cuál es el mejor modelo que permita impulsar a las Telecomunicaciones en función de la importancia estratégica que tienen para la economía y la atracción de inversiones.
Veremos.