Todo el poder

A pocas semanas de las elecciones y a menos de seis meses del cambio de gobierno, el Ejecutivo y sus aliados en el Legislativo están intentando la aprobación de reformas legales para garantizarse –y/o garantizar a la próxima administración– un poder mayúsculo que, dada la militarización ya predominante, lleva a preguntarse si su única expectativa es que su candidata  y suspirantes al Congreso alcancen la mayoría para seguir debilitando a las instituciones y contrapesos y ampliando su alianza con las fuerzas armadas, o si suponen que, llegue quien llegue a la presidencia, se verá obligada a amnistiar a determinados personajes o a defender actos o leyes que afectan o han afectado los derechos humanos de personas o colectividades. Aun para quienes no somos especialistas en derecho, resultan inquietantes en efecto las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía impulsadas desde el oficialismo y que, lejos de ampliar los derechos de la sociedad, beneficiarían a un gobierno de por sí autoritario, centralizador y militarista.

Llama la atención que el Senador Monreal defienda la reforma a la Ley de Amnistía en nombre del “derecho a la verdad”, pues, explica, se perdonaría a personas acusadas/procesadas que puedan aportar información útil para  esclarecer casos de interés público. Y menciona San Fernando, Allende, Tlatlaya… Si incluimos Ayotzinapa o alguna de las horribles masacres en que han estado involucrados elementos de las fuerzas armadas, habría que preguntar si, en caso de haber militares acusados/procesados, se argumentará que “pueden contribuir a la verdad”. Si esta pregunta parece extravagante, basta señalar que el presidente ha defendido a capa y espada a las FFAA que le negaron información al GIEI y que, según notas recientes, han procedido a desaparecer la información militar sobre Ayotzinapa. No es demasiado desatinado plantear entonces la posibilidad de que se pretenda  amnistiar a personajes que pueden estar involucrados en crímenes muy graves, y no sólo a altos integrantes del  crimen organizado, como plantean los medios. Incluso  se puede especular si esta reforma no sería un antecedente para luego intentar amnistiar a responsables de violaciones a derechos humanos –como sería ya en realidad el caso de Allende o San Fernando. ¿Qué tipo de distinciones se piensa hacer en relación con graves violaciones de DDHH que siguen impunes? 

También es extraño que Monreal argumente que con la Reforma a la Ley de Amparo, el Senado busca impedir  la supuesta “invasión” de facultades legislativas por parte de los jueces cuando precisamente el poder judicial debe funcionar como contrapeso para evitar la aplicación de leyes inconstitucionales, como sucedió con la Ley de Seguridad Nacional el sexenio pasado o en éste con la ley de la GN. ¿Por qué no podríamos ampararnos contra la avalancha de leyes al vapor que aprobaron Senado y Cámara el año pasado sin siquiera leerlas? ¿Acaso no es una invasión de facultades legislativas que el presidente envíe leyes o iniciativas y, en vez de ser críticos, los no-representantes morenistas y sus aliados las pasen porque así lo quiere el Supremo? ¿Quién puede creer el argumento de Sánchez Cordero de que el amparo debe servir sobre todo a los más vulnerables cuando el gobierno no ha cumplido con la suspensión de las obras del tramo 5 del #TrenDepredador? Esas obras precisamente afectan a poblaciones vulnerables, los derechos de la Naturaleza y provocarán una mayor precariedad de Quintana Roo y la península.  El amparo ha sido una figura de vanguardia que, si bien no siempre protege de los abusos del Estado, tiene ese potencial. En estos tiempos ominosos de  contubernio entre grupos de poder, políticos, grupos criminales contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de la sociedad, es, y puede resultar más, imprescindible.

Si estas reformas se aprueban,  con o sin apoyo de la oposición, y gana Morena la presidencia,  estaremos más cerca de un gobierno cívico-militar con exceso de poder. ¿Eso queremos?