Lectura 6:00 min
¿Trato diferenciado a vacunas antiCovid?
En torno a las vacunas contra Covid19 Cofepris ha sido más bien errática y sus decisiones con sesgo ideológico donde favorece y es sumamente laxa con las chinas, cubanas y rusas, en tanto que pone incógnitas y extrema exigencia sobre las vacunas de las farmacéuticas estadounidenses.
Primero durante la pandemia la propia emergencia sanitaria le obligó al regulador sanitario a ser ágil para revisar y permitir la entrada de vacunas Pfizer y Moderna. Pero al mismo tiempo fue rápida en darle registro y entrada a vacunas sin haber demostrado estudios completos y sin respaldo de la OMS; fue el caso de la cubana Abdalá y la Sputnik, que justamente son las que ha adquirido y aplicará este fin de año el Gobierno mexicano, y de las cuales el secretario Alcocer dijo se aplicarán 24 millones de dosis este invierno.
Otra vacuna que Cofepris aprobó demasiado rápido fue la vacuna china Cansino; le dio un absoluto respaldo, impulsada por el entonces canciller Marcelo Ebrard. De hecho Cofepris fue la primera agencia del mundo en darle autorización como inmunización de una sola dosis y con ello le abrió las puertas al resto de América Latina. Fue aplicada a millones de maestros mexicanos, y se dijo entonces que se envasaba en el laboratorio Drugmex en Querétaro. Más tarde la empresa china no pudo demostrar su eficacia en unidosis y Cansino pasó a ser de dos dosis. Ya no se supo más. Hoy Cansino ya no está en México.
Ahora el regulador sanitario abre una convocatoria para transitar del uso de emergencia hacia el registro sanitario que permita ya la venta privada de las vacunas anti covid. En el oficio No. Cofepris.CFS-365-2023 -extrañamente firmado por el comisionado de Fomento Sanitario, Pablo Quiroga, y no el comisionado federal Alejandro Svarch o, en todo caso, el de Autorización Sanitaria, Natan Enríquez- da una serie de elementos mediante los cuales las farmacéuticas podrán cumplir los requisitos para ese paso. Y también advierte el regulador que quiere ser de lo más transparente y habla de un esquema nunca antes mencionado que nombra “caja de cristal” donde toda la población podrá conocer paso a paso el proceso, algo que más bien se entiende es para darle gusto al presidente.
Lo que llama la atención, conforme especialistas en derecho sanitario, es que ya existe un procedimiento para obtener el registro de vacunas, y no tendría porqué ser diferente.
Pero lo que más preocupa es que en ese oficio se abre la posibilidad de que a Pfizer, Moderna, Astrazeneca o Janssen-Cilag se les exija registro sanitario y a las vacunas cubana y rusa -o incluso a la Patria si es que sale- se les deje con autorización de emergencia. Esto, por un párrafo que dice: “... ninguna autorización de Uso de Emergencia perderá vigencia hasta que el Sector Salud, a través de la Cofepris, así lo determine, tras una evaluación de beneficio-riesgo.”
Y además, la autoridad puntualiza que será muy rigurosa ante cualquier indicio donde las empresas quieran incidir o quejarse ante los procesos de evaluación, pues incluso menciona que recurrirá al Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en los casos que aplique.
Los expertos nos mencionan que no se podrán sancionar a las farmacéuticas porque no existe esa conducta descrita como infracción, pero sí podrían usarlo para retrasar el registro para poder vender aquí sus inmunizaciones.
Por último los expertos jurídicos nos mencionan que en el oficio mencionado hay una aberración jurídica. En principio porque todas las vacunas para Covid deberían haber perdido vigencia con la declaratoria de fin de la acción extraordinaria por la emergencia sanitaria, aunque -por otro lado- dichas autorizaciones tampoco es que tuvieran fundamento legal.
Por otro lado, el actual Gobierno no parece ver la necesidad como lo marca la ley de que el Consejo de Salubridad General (CSG) sesione formalmente para declarar terminada la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, misma que fue decretada por el CSG el 30 de marzo de 2020. Tal parece que hay una evidente necesidad por mantener la mayor incertidumbre y discrecionalidad legal posible en todo lo relativo al manejo de vacunas Covid y en general a la pandemia.
El hueco que dejará el subsecretario López-Gatell
La salida del subsecretario Hugo López-Gatell que causó amplia sorpresa en el sector, tendrá varias repercusiones. Ello independientemente de que consiga la candidatura para CdMx. Por un lado la preocupación de quién entra en su lugar y que el presidente imponga una vez más a alguno de sus allegados sin importar el perfil, como fue el caso de Juan Ferrer que sin tener elemental conocimiento sobre el sistema nacional de salud, lo convirtió en Subsecretario de Integración y Desarrollo. Nos dicen que lo que anda haciendo hoy Ferrer es resolviendo encargos en proyectos prioritarios como el Tren Maya.
No es que López-Gatell haya tenido resultados, pues porque justamente no, anda buscando cómo obtener el fuero con una curul para evadir la justicia, pero el riesgo es que las cosas sigan empeorando en la dependencia, sobretodo porque el secretario Alcocer es absolutamente omiso.
Cambios e incertidumbre en el Incan
Mucha incertidumbre al interior del Instituto Nacional de Cancerología (InCan) por el maltrato al personal de mando que tal parece se busca cambiar por completo. En la dirección de Administración y Finanzas quedó Iván Miranda Posadas, de toda la confianza del comisionado Gustavo Reyes-Terán, titular de la CCINSHAE; lo cambiaron desde el 1 de agosto justo antes de la designación del Dr Oscar Arrieta en la Dirección General. Nos informan que el 15 de septiembre quitaron a 9 servidores públicos de mando y nombraron a 8. Reyes-Terán está imponiendo al área administrativa no sólo en Incan sino en otros Institutos, y nos reportan que lo hace sin importar que carezcan del perfil indicado para las funciones. Lo último en Incan es que destituyeron a la de Jurídico bajo una operación impecable que vino directamente de la Consejería. Otros directivos fueron amenazados para dar su renuncia o enfrentar procesos de inhabilitación por lo que no fueron liquidados conforme a la ley.