Tres en uno

La agenda legislativa de fin de sexenio se ha definido como una parte central de la discusión electoral entre los candidatos a la Presidencia. Y es que ante la necesidad incontenible de AMLO de ser parte central del proceso, las modificaciones legales propuestas se han convertido no en un cambio de forma, sino en un proyecto de gobierno destinado a proporcionarle a la próxima primera mandataria el poder total para continuar con la 4T y proteger a sus liderazgos de posibles acciones penales.

Reducir al mínimo las medidas efectivas del amparo para restringirlo a un instrumento prácticamente incapaz de defender al individuo frente a los abusos de la autoridad, junto con la atribución del Ejecutivo de contar con la facultad de amnistiar indiscriminadamente a cualquier delincuente sin importar la gravedad del delito cometido, y cerrando con el recurso de disponer de las cuentas inactivas de las afores, son todas ellas medidas que le darían un marco legal y económico a un presidencialismo absoluto y sin contrapeso alguno.

Por supuesto se corre el riesgo de que la Suprema Corte declare todo esto inconstitucional y que el choque entre la máxima instancia legal y el presidente sea el fin de una administración caótica. En el fondo se trata de amarrar todas la cuerdas que permitan a López Obrador y su Cuarta Transformación evitar cualquier amenaza democrática que pudiese romper la hegemonía política creada en esta administración.

Pero conforme va terminando el periodo de gobierno de AMLO y la posibilidad de un revés electoral se muestra como viable en muchos frentes, estas medidas destinadas a construir una presidencia omnipotente se convertirían en un boomerang para sus impulsores. Si la Suprema Corte no actúa con prontitud para anular el funcionamiento de estas tres leyes regresivas antes de la elección de junio y se produce un vuelco electoral que impida la continuidad de la 4T, estas normas autoritarias pueden transformarse en una verdadera guillotina para Morena y aliados.

Por supuesto que un eventual triunfo de Xóchitl Gálvez, o una mayoría parlamentaria de la oposición no refrendaría esta legislación inconstitucional, pero sí la convertiría en un ariete para castigar a aquellos que hoy pretenden acabar con los equilibrios políticos de una débil democracia cuyas principales instituciones están siendo desmanteladas.

Por lo pronto las tres leyes se pueden ubicar bajo un mismo denominador común:la necesidad de reafirmar el poder presidencial como un instrumento permanente de gobierno sin límite alguno para el mandatario en turno. Es la reconstrucción del presidencialismo imperial elevado a la máxima potencia.