¿Y el hackeo a Presidencial?

Han pasado 15 días de la sustracción de la base de datos de los reporteros que acudieron a la conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Los datos personales de los periodistas sigue en la Deep web, sin que las autoridades federales puedan determinar —y sancionar— a los responsables de este incidente cibernético.

¿Filtración? ¿O intrusión? A finales del año pasado, la fuente presidencial tuvo que renovar sus gafetes y la oficina de Jesús Ramírez Cuevas recopiló la información de los acreditados. Esa base de datos —de acuerdo a la información disponible— está a salvo; la información sustraída ilegalmente el pasado 22 de enero afecta a 309 personas, pero “sólo” de 263 había datos personales: 186 credenciales de elector que contenían domicilio completo, 64 pasaportes, una licencia de conducir de Estados Unidos, una CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración.

Hasta que la Presidencia de la República remitió los informes sobre lo acontecido —el 29 de enero—, el Inai pudo intervenir; no obstante, a través de las vías disponibles recibió 25 denuncias de periodistas afectados. A las 16:28 horas del 31 de enero se notificó el acuerdo de inicio de la investigación previa y el primer requerimiento de información a la Oficina de la Presidencia de la República.

Ni hackeo ni spyware. La “vulneración” al sistema de acreditación administrado por la Coordinación de Comunicación Social —coinciden tirios y troyanos— han potenciado los riesgos que afrontan los reporteros de la fuente presidencial en un contexto de violencia, de discurso de odio y con el impacto de los contenidos falsos generados con las nuevas tecnologías.

Ahora, el Mecanismo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas deberá atender las solicitudes de la docena de informadores que consideran que la exposición de sus datos personales amenaza directamente su integridad personal, con lo que sumarían medio centenar de acreditados a la fuente presidencial bajo esa condición. A través de distintos proveedores, esa instancia —adscrita a la Secretaría de Gobernación— puede brindar protección remota (ya sea con botones de pánico o cámaras de videovigilancia), custodios personales y vehículos blindados, para quienes lo requiera. Los casos de relocalización pueden requerir otros apoyos, como aparatos de radiocomunicación, vales de despensa y menaje de casa.

Por lo pronto, el Inai investiga. Y una treintena de reporteros acreditados a la Mañanera que denunciaron la vulneración de sus datos personales, pueden acceder a la protección oficial. Hay precedentes, ominosos. Los expedientes INAI.3S.08.01-059/2021 —por la divulgación de información confidencial, contenida en facturas electrónicas a nombre de MCCI, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021— e INAI.3S.07.01.005/2022, por la información fiscal de Carlos Loret de Mola, fueron resueltos por el Pleno de comisionados de Inai… pero no hubo sancionados. 

Efectos secundarios

DEFINICIONES. En el mismo camino que Xóchitl Gálvez –quizá gracias a sus recientes gestiones— el abanderado aliancista en la CDMX, Santiago Taboada acudirá a Washington D.C. para llamar a la comunidad académica y a los liderazgos políticos de la Unión Americana a centrar su atención en el desarrollo de la contienda electoral en México.