El apremio fiscal y la prospectiva de una reforma fiscal

El gobierno de Claudia Sheinbaum inició como cualquier otro gobierno en cualquier parte del mundo, en el sentido de que busca relativamente pronto hacer ver a los ciudadanos que trae proyectos ya bien armados para que puedan ser instrumentados a la brevedad o proyectos de inversión que en el papel, ya traen algún estudio preliminar sobre su viabilidad, como respaldo. 

Ahora bien, ya se ha comentado ampliamente que la presidenta Sheinbaum enfrenta un desafío de peso, como en su momento otros presidentes enfrentaron otros escenarios adversos, que en el caso de ella es el fuerte desequilibrio fiscal que le heredó el presidente López Obrador. Es bien sabido que este año, es muy probable que el déficit de las finanzas públicas, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público Federal, el concepto más amplio y aceptado para fines de cuantificar el tamaño del déficit, cierre cerca ligeramente por debajo de los dos billones de pesos, que equivalen al 5.9% del Producto Interno Bruto.

Sabemos también que como consecuencia de ello, el endeudamiento del sector público como proporción del PIB se incremente también de manera importante para ubicarse al cierre de 2024 en alrededor de 50.2% con relación al tamaño de la economía.

El propósito de mi comentario es que hasta ahora solo hemos escuchado el anuncio de programas que significan recursos presupuestales adicionales a los que ya dejó comprometidos la administración de López Obrador, entre otros rubros, por lo que hace a los montos destinados a los programas sociales. Sin que hasta el momento hayamos conocido alguna medida o decisión orientada a reducir o eficientar el gasto público en algunos rubros específicos.

Si a ello agregamos que el panorama para el desempeño de la economía no es nada halagüeño, entre otras razones, porque la desaceleración que sufrió la economía mexicana en el segundo y buena parte del tercer trimestre, apuntan a que, como ya hemos comentado anteriormente en este espacio, la economía crezca en 2024 a un ritmo no mayor a 1.5%, pero peor aún, que para 2025 todos los analistas estiman un crecimiento aún más anémico, cercano al 1.2% anual.

Así que una economía creciendo a un ritmo lento, con un presupuesto federal que ha crecido a un ritmo mayor que el de los ingresos del sector público, con un gasto en pensiones creciente, y con un costo por el servicio de la deuda creciente principalmente porque el saldo de la misma se ha incrementado de manera importante, tarde o temprano se enfrentará a un escenario donde de plano se tendrán que replantear algunos proyectos o programas, o bien, repensar la estrategia del estado como un agente económico activo en los sectores de energía y telecomunicaciones.

Alternativamente, otra opción es empezar a analizar la necesidad de discutir una reforma fiscal que permita que México se acerque un poco, al menos, al perfil de los países de la OCDE, y tambiés de varios pares latinoamericanos, en su capacidad de generar ingresos tributarios en relación con el tamaño de la economía, es decir, como proporción del PIB.

Los gobiernos de corte progresista, difícilmente recortan o replantean lo que se gasta a través de alguno de los programas que instrumentan, por lo que generalmente se caracterizan como gobiernos fiscalmente menos responsables. La clave está en la capacidad para que sus políticas logren impulsar el crecimiento económico y con ello mejorar la captación de ingresos tributarios, por un lado, y por otro, en impulsar reformas que incrementen aún más el tamaño de los ingresos que el gobierno puede obtener a través de los impuestos que pagan las personas y las empresas.

El problema de esto último es que generalmente se provoca un costo político para quien impulsa la reforma fiscal, por esa razón, López Obrador prefirió desmantelar todos los fondos en los que había recursos que consideró resultaban más convenientes para financiar sus programas que para atender necesidades específicas que no habían sido definidas originalmente por su gobierno. El problema de fondo que lo resuelva otro, seguramente pensó. Pues bueno, resulta que le tocó a Claudia Sheinbaum. Por el bien del país, ojalá lo resuelva bien.

*El autor es economista.