Es tiempo de arbitrarios

Es de sabios cambiar de opinión, reza el adagio; claro, siempre que las razones, de ahí la sabiduría, conduzcan a ese giro. Los cambios, sin buenas razones detrás, son arbitrarios y la arbitrariedad, si bien cabe en el gusto, no cabe ni en la Ética ni en el razonamiento público de una democracia liberal. Me explico: que ayer me gustará el helado de pistache y hoy me guste el de vainilla no exige de mí ninguna razón, perfectamente puedo decir que cambié de opinión «porque sí». En cambio, manifestarse contra la militarización cuando estás en la oposición e impulsarla cuando eres gobierno, como hizo Mario Delgado, sí la requiere: los ciudadanos tenemos derecho a conocer y discutir las razones que orientan las políticas públicas. No dar explicación es ser arbitrario. La nueva legislatura, de septiembre a la fecha, va que vuela para que la consideremos la de los arbitrarios: como tienen la mayoría no debaten, no exponen razones, aplastan.

Hay casos peores al de Delgado. Hoy Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, defienden la postura opuesta a la que defendían en 2014, cuando presentaron un amparo indirecto contra la reforma energética. Cito al ministro Alcántara Carrancá, que nos recordó este hecho la semana pasada: "Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. En ese momento, lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución; Hace 10 años, nadie, en ese momento, reitero, los acusó de golpistas”. ¿Y dónde están las razones para que entendamos su cambio de postura? Arbitrarios.

Un caso peor: quien fuera presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, varias veces dijo en el pasado que el Estado no otorga derechos básicos, los reconoce. Quien otorga puede quitar, explica en un TikTok, quien reconoce no. Así pues, sigo glosando, ninguna autoridad, ni siquiera la unanimidad, puede quitar esos derechos. A eso sumemos que, en sesión del pleno de la corte del 6 de septiembre de 2022, Zaldivar dijo: “Y yo me pregunto: ¿si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud y, ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría ser absolutamente nada? A mí me parece que, si nos tomamos en serio —reitero— el nuevo paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente”. Hoy Zaldívar defiende lo contrario sin exponer las razones de su cambio de parecer, con todo y que hay quienes señalan que la reforma judicial aprobada en septiembre (gracias al voto de los tránsfugas del PRD y del aborrecido panista) hace peligrar nuestros derechos humanos. Así se expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch sobre dicha reforma: “Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos […] Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”. Quizá las voces que alertan contra la reforma están equivocadas, pero eso le corresponde decidirlo a la SCJN, con una sentencia bien razonada, no al ejecutivo y al legislativo con su cantaleta de los treinta y tantos millones de votos, con su aberración grotesca de que encarnan al “pueblo”. El ejercicio arbitrario del poder de la mayoría, cuando viola derechos, conduce a la dictadura de la mayoría. No lo digo yo, revisen a los clásicos. Sean demócratas y deliberen o asuman que han dejado de serlo.

X: @munozoliveira