Cuatro riesgos (u oportunidades) que podrían redefinir el futuro de México en 2025

Las perspectivas económicas para México en 2025 dibujan un panorama desafiante. Tras un sólido desempeño en 2023, con un crecimiento del PIB del 3.2% impulsado por la inversión y el consumo privado, las proyecciones para los próximos años son menos optimistas. Según la más reciente encuesta del Banco de México, se anticipa un crecimiento de apenas 1.5% para 2024 y 1.1% para 2025. Estas cifras plantean interrogantes sobre la viabilidad de los supuestos económicos del presupuesto 2025 en temas como crecimiento, inflación, tipo de cambio y petróleo. ¿Qué factores podrían convertir estos riesgos en realidad?

La teoría de los cisnes negros, popularizada por Nassim Taleb, se refiere a eventos de probabilidad incierta, pero que de materializarse, podrían ocasionar un alto impacto en la economía, e incluso, podrían modificar el curso normal de la vida nacional. Revisemos cuatro riesgos, o cisnes negros, para México en 2025: la posible pérdida del grado de inversión, los efectos del cambio climático, la inseguridad y la migración.

Riesgo de pérdida del grado de inversión

Si dos calificadoras degradan la deuda soberana a “bonos basura”, el país podría enfrentar una crisis severa con fuga de capitales, devaluación del peso y recesión. México se enfrenta a un inminente desafío fiscal que podría comprometer su grado de inversión. Un déficit público superior al 5% del PIB y el sostenido gasto social sin medidas fiscales correctivas han encendido alarmas entre analistas y agencias calificadoras como Moody's y Fitch. Si el país pierde esta calificación, enfrentaría mayores costos de financiamiento, aunque los flujos derivados del comercio internacional podrían amortiguar parcialmente el impacto.

La posible pérdida del grado de inversión, proyectada hacia el cierre del próximo sexenio, plantea consecuencias directas para las inversiones y los mercados. Aunque los índices financieros sufrirían ajustes y la deuda pública sería más costosa, las inversiones directas cuya relocalización responda más a estrategias de negocios que a parámetros de corto plazo podrían continuar avanzando, siempre y cuando la política económica se construya sobre bases de credibilidad fiscal, y se sigan guardando criterios macroeconómicos ortodoxos, como continuar respetando la autonomía del Banco de México sobre la política monetaria y el control de la inflación. Según la OCDE, con cifras al primer semestre de 2024, México aún figura en tercer lugar de atracción de inversiones de ese grupo de países, solo después de Estados Unidos y Brasil. Habrá que ver cómo cierra el año 2024. Durante 2023, logró captar 36 mil millones de dólares.

El auge del nearshoring en México en 2024 se fue apagando con la incertidumbre que introdujeron las reformas constitucionales del ex presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. No obstante, la razón estratégica de algunas inversiones, particularmente por la ubicación geográfica de nuestro país, la disponibilidad de mano de obra calificada, y los beneficios del T-MEC, aún pueden servir como precursores de un posicionamiento como destino de inversión extranjera directa conforme vayan avanzando las nuevas legislaciones y sea más claro el panorama diplomático para la renovación del T-MEC.

La respuesta de los mercados a la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025, y los ajustes que México pueda ir haciendo para garantizar el cumplimiento de las reglas de origen y mayor claridad en el tratamiento del comercio con China podrían disminuir la incertidumbre en sectores clave como el automotriz. Un factor muy importante será la capacidad de México mejorar el marco regulatorio a fin de brindar facilidad a los inversores para abrir y operar sus empresas en los principales polos de desarrollo que la presidenta Sheinbaum ha establecido como nodos de su estrategia de política industrial.

El desafío ambiental

La prolongada sequía en México, anunciada por Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional tendrá profundas repercusiones en el 2025. Con precipitaciones mínimas previstas hasta mayo, se espera un estiaje severo que afectará los caudales de ríos y lagos en regiones clave. Esto podría llevar a problemas de abastecimiento de agua potable, perjudicar la agricultura y desencadenar conflictos sociales por la competencia de recursos hídricos escasos.

En 2024, los ciclones tropicales ayudaron a mitigar parcialmente la sequía en el sureste de México, pero el norte permaneció crítico. La falta de lluvias suficientes en estados como Sonora y Chihuahua acentuó la vulnerabilidad de la región. Este panorama desigual subraya la urgencia de diseñar políticas adaptativas que aseguren recursos hídricos básicos y fomenten estrategias agrícolas sostenibles para resistir futuros desafíos.

Los efectos del cambio climático intensifican los fenómenos extremos en México, como demuestra la creciente frecuencia de sequías severas. A pesar de los compromisos legales, como la Ley de Transición Energética, las acciones concretas siguen siendo insuficientes. Iniciativas como las propuestas de Iniciativa Climática de México destacan que invertir en eficiencia energética, incrementar la superficie de tierras forestales, e impulsar el uso de combustibles limpios es esencial para mitigar impactos y proteger el desarrollo nacional.

Los riesgos asociados al cambio climático también amenazan la economía agrícola. Aunque el país ha implementado leyes que buscan impulsar la transición energética, México sigue siendo el único miembro del G20 sin un compromiso concreto hacia el "net zero". El costo de no actuar es significativo: el estudio de ICM sugiere que invertir 105 mil millones de dólares en soluciones contra el cambio climático de aquí al 2030 podría generar beneficios anuales de 19 mil millones de dólares. Sin embargo, esto requiere una mayor acción gubernamental que integre al sector privado y a organizaciones ciudadanas en proyectos de beneficio compartido.

Inseguridad y migración

La inseguridad y el problema migratorio en México, si no se gestionan adecuadamente, pueden exacerbar las tensiones sociales y económicas, afectando la capacidad del país para atraer inversiones en 2025. Sin embargo, transformar esta amenaza en oportunidad es posible si se implementan políticas públicas efectivas para fortalecer la gobernabilidad. Iniciativas como la mejora de la justicia penal, la profesionalización policial y una estrategia integral de desarrollo regional pueden reducir los costos asociados al crimen, promoviendo un clima de confianza para los inversionistas nacionales e internacionales.

El fenómeno migratorio, a menudo percibido como un desafío, también puede convertirse en un catalizador de oportunidades. Frente a la presión de frenar los flujos hacia Estados Unidos y gestionar la llegada de miles —o incluso millones— de migrantes deportados, México debe transformar su política migratoria para aprovechar esta situación. Con una disminución sostenida en la tasa de natalidad, el país enfrenta retos en sus finanzas públicas, derivados de mayores necesidades de pensiones, un sistema de cuidados más robusto y una caída en la población económicamente activa. Estos factores hacen indispensable que México revalore la migración como una fuente de talento y desarrollo económico.

Es imperativo implementar políticas públicas y programas que integren laboral y empresarialmente a los migrantes, maximizando su potencial en sectores estratégicos. Estas acciones no solo diversificarían la economía, sino que fortalecerían la capacidad de México para enfrentar desafíos globales, enviando un mensaje positivo a los mercados internacionales. Además, aprovechar el talento migrante podría contrarrestar el impacto demográfico, asegurando una base económica más dinámica y sostenible.

Un componente clave en esta estrategia es la articulación de políticas educativas inclusivas, especialmente para menores de edad y jóvenes migrantes. Al garantizarles acceso a la educación, México puede proporcionarles un futuro prometedor, a la vez que asegura futuros contribuyentes, empresarios y agentes de cambio. Este enfoque transformaría la migración en un activo invaluable, mostrando al mundo la capacidad del país para convertir retos complejos en soluciones innovadoras y sostenibles.

Por su parte, el fenómeno de la inseguridad, agravado en ocasiones por dinámicas migratorias, podría detonar una crisis económica y social de gran envergadura en México hacia 2025. Como lo mencionó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente visita, “el aumento de la violencia desde 2007 ha producido efectos perjudiciales en los mercados laborales, incrementado la estructura de costos y sembrado incertidumbre entre las empresas que operan en el país. La percepción de corrupción judicial, la interferencia política y la presión por parte del crimen organizado daña el clima de negocios y compromete la previsibilidad del estado de derecho”.

La violencia y la corrupción no solo incrementan los costos operativos y limitan la confianza del mercado, sino que también afectan de manera desproporcionada a los estados del sur, profundizando la brecha de competitividad entre regiones del país. Así, las pequeñas y medianas empresas enfrentan costos vinculados a la inseguridad entre cuatro y seis veces mayores que las grandes corporaciones, lo que dificulta aún más su supervivencia y crecimiento. Al mismo tiempo, la inseguridad desincentiva la participación laboral femenina debido al riesgo percibido en el traslado y las condiciones laborales.

Si no se toman medidas, estos factores podrían convertirse en obstáculos insuperables para el desarrollo económico y la integración social. Una estrategia que alinee el combate a la inseguridad con inversión en infraestructura tecnológica de seguridad, promoción de alianzas con el sector privado y fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción, serían pasos clave no solo para mejorar el estado de derecho. Además, abordar la inseguridad con un enfoque inclusivo, que considere las necesidades de las mujeres trabajadoras y las regiones más afectadas, podría aumentar significativamente la resiliencia económica al incentivar la incorporación de una mayor fuerza laboral. Según la OCDE, en México el número de mujeres que no estudian y no trabajan es cuatro veces mayor que el de hombres.

En conclusión, México, como otros países, enfrenta encrucijadas críticas que podrían evolucionar en crisis profundas si no se abordan de manera proactiva. Sin embargo, estas mismas problemáticas ofrecen oportunidades, a veces únicas, para implementar estrategias innovadoras. Mediante inversiones en seguridad tecnológica, alianzas público-privadas y políticas inclusivas que empoderen a los sectores más vulnerables, el país puede no solo mitigar riesgos, sino también consolidarse como un referente en América Latina en la gestión de problemas estructurales. Prepararse con visión a largo plazo permitiría convertir las amenazas en oportunidad con altura de miras.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.